Al Gobierno que salga de las urnas le tocará aplicar las recomendaciones del cuarto informe de la Comisión Europea sobre la salud del Estado de derecho en España. De nuevo hemos recibido un tirón de orejas por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo funcionamiento se ha ido degradando por la imposibilidad de nombrar jueces. La secuencia de cómo hacerlo es muy clara: elección de nuevos miembros y, en paralelo, reforma del CGPJ, siguiendo las directrices europeas. Bruselas también nos reprocha el «uso excesivo» de decretos leyes, con la inclusión de enmiendas que nada tienen que ver con lo que se discute. Ello conlleva una falta de garantías y, consecuentemente, degrada la calidad de las normas. La Comisión prudentemente no señala a nadie, pero las culpas están repartidas. Al PP, por bloquear la renovación del CGPJ, y al Gobierno de izquierdas, por legislar con prisas, entre otros posibles reproches.

Por eso vale la pena prestar atención al manifiesto que ha elaborado la Fundación Hay Derecho en el que denuncia el deterioro de nuestras instituciones y propone un decálogo de 10 medidas para desmontar un modelo cada vez más partidista y clientelar, alejado del buen gobierno institucional que describe nuestra Constitución. Sus propuestas coinciden y amplían las recomendaciones de la Comisión Europea, de manera que sería obligatorio que los partidos se pronunciasen sobre ello para que la ciudadanía pudiera definir mejor su voto de cara al próximo día 23. Desde la Fundación Hay Derecho se señalan aspectos muy sustantivos, como es la elección de un Fiscal General del Estado sin vínculo con los partidos políticos, con un mandato desvinculado del ciclo electoral, y unos límites a sus poderes en materia de nombramientos, ceses y promociones. Y en ese mismo sentido, propone blindar la neutralidad y profesionalidad de las instituciones de contrapeso, ya que de lo contrario la calidad de nuestra democracia se degrada enormemente.

El manifiesto ahonda también en la lucha contra la corrupción, con medidas como la eliminación de los cargos electos y políticos en las mesas de contratación pública, o con la protección efectiva y uniforme del denunciante de corrupción en base a los estándares europeos. En el campo de la transparencia y rendición de cuentas, urge por ejemplo la reforma de la ley de secretos oficiales. Finalmente, insiste en la imprescindible despolitización de los medios públicos de comunicación y en el fortalecimiento de los espacios cívicos que favorecen la calidad democrática y la cultura del Estado de derecho. Porque más importantes que las políticas concretas, de izquierdas o de derechas, siempre reversibles en función de las mayorías parlamentarias, es el buen gobierno.