La patronal denuncia que España es uno de los países con menor libertad económica de Europa

El presidente del IEE, Iñigo Ferández de Mesa (izda.), y el director general, Gregorio Izquierdo (dcha.)
El presidente del IEE, Iñigo Ferández de Mesa (izda.), y el director general, Gregorio Izquierdo (dcha.)
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El presidente del IEE, Iñigo Ferández de Mesa (izda.), y el director general, Gregorio Izquierdo (dcha.)

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha publicado este lunes los resultados del Índice de Libertad Económica correspondientes al año 2023. Esta métrica, elaborada por la fundación Heritage —vinculada al partido Republicano estadounidense— y adaptada a España por el centro de estudios de CEOE, sitúa al país en el puesto 22 de 27 en libertad económica en la Unión Europea (35 de 38 en el grupo de la OCDE).

El índice evalúa el desempeño de los países en una serie de categorías, como son el imperio de la ley, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria o la apertura de los mercados. Dentro de estos grandes grupos se analizan cuestiones como los derechos de propiedad, la carga impositiva, el gasto público, la salud fiscal, la libertad de empresa, la flexibilidad del mercado laboral o la libertad inversora.

Los empresarios señalan que, en los últimos once años, España ha caído del puesto 22 al 35 en la clasificación de la OCDE y achacan este resultado a "la excesiva dimensión del sector público, las elevadas cargas tributarias y el fuerte desequilibrio fiscal". En el apartado de la libertad empresarial, España ocupa el puesto 29 de 38 en el ámbito de la OCDE, un resultado que el IEE atribuye a la "deficiente calidad regulatoria" y que ve "preocupante". El centro de estudios de la patronal señala que las economías donde la libertad de empresa es más elevada tienen tasas de desempleo más reducidas y un mayor PIB per cápita.

El ámbito fiscal, particularmente en lo que respecta a la deuda y el déficit, es uno de los que más preocupa a los empresarios. En este apartado, señalan que "la acumulación de déficits consecutivos y su reflejo en el creciente endeudamiento público son consecuencias de una política presupuestaria que interfiere, en gran medida, en el principio de libertad económica al perturbar la estabilidad macroeconómica y limitar la capacidad de crecimiento futuro".

Visión pesimista

El informe del IEE atribuye al Gobierno los malos resultados. Creen que el desempeño de España "se resiente por las políticas implementadas en clave nacional", pero a la vez sostienen que algunos de los mejores resultados "obedecen cuestiones dependientes de la pertenencia a las instituciones europeas".

El panorama económico que dibuja el análisis del centro de estudios de CEOE es más pesimista que el que presentan los principales analistas. El IEE habla de un panorama de "estanflación" que, según su criterio, "solo trae atraso económico y malestar social". Con una inflación "que continúa alcanzando cotas inaceptables" y un crecimiento "estancado". 

Una visión que no comparten analistas de prestigio como el Banco de España, la Airef o la propia Comisión Europea, que han publicado informes en los que sitúan a España en los puestos de cabeza en crecimiento económico en la UE este año y el siguiente. Todo ello, teniendo en cuenta que España es el país que más ha tardado en recuperar el PIB prepandemia de toda la eurozona tras ser el que más se hundió en 2020.

El IEE se muestra también crítico con los niveles de fiscalidad, que considera "muy preocupantes", y habla de un "esfuerzo tributario cada vez más alto que drena recursos a familias y empresas". Además, acusa al Estado de enriquecerse a costa del empobrecimiento de las empresas y de las familias. "Pese al récord histórico de recaudación conseguido en 2022, el agujero en las cuentas públicas españolas sigue situándose entre los más altos de Europa", inciden los empresarios.

La solución pasa entonces, según esta visión, por recortar gasto en las administraciones públicas que consideran "a todas luces, excesivo". El IEE plantea un recorte de gasto de hasta 60.000 millones de euros de gasto público. Una cifra que multiplica en doce veces la recomendación de Bruselas para España de cara al año que viene. Este proceso de ajuste fiscal debería venir acompañado de una "reducción de las cargas normativas que soportan las empresas", señalan.

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