El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro qué hará, si gana las elecciones, con los nuevos impuestos extraordinarios y temporales a los grandes bancos y empresas energéticas que creó el Gobierno de Pedro Sánchez. En caso de liderar el próximo Ejecutivo, Feijóo los modificará, pero no se compromete a eliminarlos.

En una entrevista con el medio británico Financial Times, Feijóo ha avanzado que su intención, si gana las elecciones generales del próximo 23 de julio, es dotar a estos nuevos tributos de una mejor cobertura legal porque, en su opinión, fueron "mal diseñadas" y necesitan mejoras.

Ya el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, señaló recientemente que el impuesto a las eléctricas debe adaptarse "a lo que diga Bruselas" y que su formación aboga por convertir el gravamen a la banca en un fondo que "vaya directamente a las familias".

El impuesto temporal a la banca impulsado por el actual Ejecutivo de Sánchez grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que hayan facturado más de 800 millones en 2019 y afecta a la actividad que las entidades desarrollen en España.

Por su parte, el impuesto energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que hayan facturado más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.

De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

"Tenemos que ajustar el riesgo legal en el que estamos incurriendo", ha argumentado el líder del PP, tras explicar que el impuesto es altamente vulnerable ante la Justicia porque se aplica a los ingresos totales de estas compañías y no solo a los beneficios extraordinarios. Esta última es la tesis que defiende Bruselas.

En todo caso, el candidato popular se ha comprometido a "hablar con las compañías energéticas y con los bancos para recurrir a su solidaridad y decidir cuál es la mejor manera de que contribuyan a reducir la deuda pública y el déficit antes de tomar decisiones".