La PAH ha hecho públicos este miércoles cinco modelos de documento y una guía para parar los desahucios de familias vulnerables por parte de grandes propietarios. Los documentos se basan en la recientemente aprobada ley estatal de vivienda, que exige a los grandes tenedores un proceso de intermediación obligatorio con la administración pública antes de presentar una demanda de desahucio. 

Según la PAH, los juzgados tienen que inadmitir todas las nuevas demandas y suspender los procedimientos de desahucio en curso que cumplan los requisitos siguientes: que el gran propietario tenga más de diez viviendas, que se trate de vivienda habitual y que la familia sea vulnerable, para los casos de impago de hipoteca o alquiler, finalización de contrato u ocupación civil.

La entidad cree que estos documentos jurídicos pueden "dar batalla judicial" y respuesta a los miles familias que tienen su desahucio paralizado gracias a la moratoria estatal y que se encuentran "desinformadas y angustiadas" porque no saben qué pasará después del 30 de junio, una vez que esta decaiga. Además, también se podrán defender las familias vulnerables que hoy en día ven que bien pronto entrarán en un procedimiento judicial por su situación económica, que no les permite seguir pagando la hipoteca, el alquiler o que se han visto obligadas a ocupar una vivienda vacía de un banco.

Extrapolando datos publicados sobre el impacto de la moratoria en Cataluña, solo en 2022 se habrían parado 4.000 desahucios, cifras que acumulando los suspendidos en 2020, 2021 y 2023 equivale a unos 8.000 desahucios suspendidos que ahora se tienen que canalizar con las medidas de la ley vivienda.

Desde la PAH advierten de que aunque la nueva ley dista mucho de lo que pretendían los movimientos sociales, el alquiler social obligatorio, a partir de ahora quieren "exprimir hasta la última coma" de la ley para paralizar los desahucios y conseguir soluciones habitacionales para familias con riesgo de desahucio.

En este sentido, los documentos presentados este miércoles utilizan la modificación de la LEC para conseguir la intermediación que prevé la ley, para exigir después de que se aporten soluciones que eviten que familias vulnerables pierdan su casa.

Una vez presentados masivamente estos documentos en los juzgados, la entidad insta a las comunidades autónomas a trabajar para desarrollar el proceso de intermediación para que sea lo más garantista, consiguiendo arrancar a los grandes tenedores soluciones dignas, como un alquiler social o realojamientos dignos, y así evitar el desahucio. 

En Cataluña, primer territorio donde la PAH consiguió aprobar una ley antidesahucios, exigen que durante el proceso de intermediación se exija el cumplimiento del alquiler social obligatorio de la ley catalana 24/2015, con sanciones automáticas si se incumple, medida que comunidades como el País Valenciano, Navarra o Baleares también incorporaron en parte y que "tiene que ser aprobada en todos los territorios".

Finalmente, piden que todas las administraciones, incluida la de justicia, se pongan a trabajar para que toda familia vulnerable conozca sus derechos y para que los bancos, fondos 'buitres' y grandes propietarios cumplan sus obligaciones.