La Comisión Europea abrió este jueves un proceso de infracción contra Polonia por la creación de una comisión que investigará la supuesta influencia rusa en los Gobiernos entre 2007 y 2014, por interferir "indebidamente" en el proceso democrático y violar varios principios del Tratado de la UE.

El procedimiento de infracción se inició este jueves con "el envío de una carta de notificación formal a Polonia por violaciones de la legislación de la UE", informó el Ejecutivo comunitario.

Esta decisión sigue a una evaluación exhaustiva por parte de la Comisión de la nueva ley polaca sobre el Comité Estatal para el Examen de la influencia rusa en la seguridad interna de Polonia entre 2007 y 2022, que está en vigor desde el 31 de mayo de 2023, y preocupa en Bruselas por su posible instrumentalización contra la oposición al actual Gobierno conservador

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El anuncio lo hizo el miércoles en rueda de prensa el el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, tras la reunión del colegio de comisarios europeos que debatió en su cita semanal la situación en Polonia a raíz de la aprobación de esta ley y acordó abrir un expediente bajo el proceso de infracción comunitario.

Donald Tusk, jefe de la oposición polaca y ex primer ministro de ese país, llamó el pasado viernes "caza de brujas que viola la Constitución" a la comisión, que investigará la supuesta influencia rusa en sus gobiernos. 

Tusk, considerado como uno de los principales objetivos de una ley que es conocida en Polonia como "lex Tusk", ha sido acusado repetidamente por el Gobierno polaco de ser un "un agente prorruso" y no duda en otorgar un carácter político a esta investigación, que coincide además con próximas elecciones parlamentarias en el país en otoño a las que se presenta el propio expresidente del Consejo Europeo.

Así es la comisión

Los miembros de la esta comisión tienen el derecho de investigar e interrogar, con un acceso a la información sin precedentes en el país: pueden saltarse la obligación de mantener secretos protegidos por ley. Podrán acceder a toda información que se considere importante para la "seguridad interna" de Polonia. Estos miembros también tienen el permiso para solicitar esta información a los propios ciudadanos, incluyendo periodistas, abogados, contables o notarios.