Bruselas trabaja en la primera directiva europea de violencia contra las mujeres para imponer unos mínimos legales a los Estados

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo
Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo
PARLAMENTO EUROPEO/MATHIEU CUGNOT
Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo

La Unión Europea (UE) está preparando la que será la primera directiva europea de violencia contra las mujeres, mediante la cual se pretende imponer a los 27 Estados miembros unos mínimos legislativos en asuntos como las agresiones sexuales, la mutilación genital femenina o la ciberviolencia. La iniciativa echó a andar en marzo de 2022 y desde entonces los grupos que conforman la Eurocámara han ido trabajando en su contenido, al que se han presentado ya más de 1.800 enmiendas.

El próximo paso se dará ahora en la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento Europeo, donde previsiblemente entre el 26 y el 27 de junio se decidirá si se vota el texto en ese mismo Pleno o se lleva a trílogo (grupos formados para desarrollar propuestas y representados por la Comisión, el Parlamento y la Presidencia del Consejo). Una vez se llegue a un acuerdo, los países miembros tendrán un plazo de dos años para trasponer la directiva.

Actualmente, la propuesta de la Comisión presenta puntos fuertes que con toda probabilidad se queden dentro de la iniciativa y otros que no consiguen poner de acuerdo a los grupos que trabajan en ella. Así lo han manifestado este lunes la representante de la comisión de derechos de las mujeres y ponente de la directiva, Rosa Estaràs (PPE), la representante de la comisión de derechos de las mujeres del Parlamento Europeo (S&D), Lina Gálvez, y Margarita de la Pisa, miembro de la comisión de derechos de las mujeres e igualdad de género (Vox), en un encuentro con los medios en Madrid. 

Tal y como ha detallado Estaràs, del PP, el objetivo final de la directiva es "dar un paso más" tras haberse ratificado recientemente el Convenio de Estambul e impulsar un "instrumento legislativo que abordara de verdad el tema de la violencia contra las mujeres". Será la primera directiva europea que aborde este asunto específico, y en ella se incluirán también definiciones comunes a todos los Estados miembros y la obligación de que estos recopilen datos de forma periódica para contribuir a un estudio a escala de la UE cada cinco años. 

"No tenemos capacidad de tener una fotografía homogénea de lo que significa la violencia de género en Europa", ha subrayado Lina Gálvez, del PSOE, quien también ha asegurado que una de las razones principales detrás de la directiva, más allá de que haya una base común para atajar y combatir la violencia machista, es saber qué está funcionando y qué no en cada país para "dar una respuesta común que permita que esta violencia disminuya y, en definitiva, cese". 

Penas máximas de al menos 8 años para violaciones

Así, entre los delitos que con más probabilidad queden tipificados dentro del texto están la violación sobra la base de la falta de consentimiento, la mutilación genital femenina y una batería de delitos de ciberviolencia. 

Sobre el tema de las agresiones sexuales, la Comisión propone regularla imponiendo unos umbrales mínimos de las penas máximas. Así, por ejemplo, de entrar en vigor la normativa, los Estados miembros no podrán tener en su Código Penal condenas máximas de menos de ocho años de prisión para las violaciones (de 10 años si hay agravantes, como que la víctima tenga una discapacidad, sea menor, que el agresor sea reincidente o haya algún tipo de vínculo familiar), y la obligación de que el delito no prescriba hasta que no hayan pasado 20 años.

También se tipifica la mutilación genital femenina, con penas máximas de, al menos, 5 años (7 con agravantes) y cinco años hasta su prescripción; el ciberacecho, que castiga las conductas de vigilancia continua y amenazante con un umbral mínimo de dos años en las penas máximas; y la ciberviolencia, que recoge cuatro delitos y prevé penas máximas de al menos un año de cárcel. 

"El Parlamento Europeo ha tenido un debate muy intenso sobre si ampliábamos o no este tipo de delitos", ha explicado Estaràs, quien ha señalado también que en la Comisión de Empleo se introdujeron otros delitos, como la esterilización forzosa, el matrimonio forzoso o el acoso sexual en el trabajo

Prostitución y vientres de alquiler, sin consenso

Más espinosas han sido las conversaciones en torno a otros asuntos como la prostitución o los vientres de alquiler. Aunque en un debate previo se introdujo el tema de la prostitución, finalmente se retiró del texto porque, según ha puntualizado la eurodiputada popular, "no había base jurídica" y "no era inteligente" incluirlo en la iniciativa, puesto que la falta de consenso paralizaría su tramitación. Se excluyó, además, después de que los liberales (Cs) y los verdes (ERC) pusieran una línea roja sobre este asunto, según ha detallado la socialista Lina Gálvez. 

Tampoco se incluyó el asunto de la denegación del acceso al aborto como un eurodelito, por la misma razón, o la gestación subrogada. Con todo, ha subrayado Estaràs, "hay mucho sentido común para llegar a un acuerdo y establecer puentes".  "En aras de salvar una directiva importantísima, se hacen determinados sacrificios", ha aseverado Gálvez. 

Así las cosas, en el tema en el que más se ha avanzado y el cual cosecha mayores consensos es el de la ciberviolencia y todos los delitos vinculados a ella (difusión no consentida de imágenes íntimas, ciberacecho, ciberacoso, incitación a la violencia y al odio), ya que se trata de un asunto indudablemente transfronterizo. 

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