Cuantos imaginaron una semana de sosiego tras la tempestad electoral del domingo se equivocaron. Los tiempos para digerir las victorias y derrotas del 28-M se acortaron de súbito el mismo lunes cuando el presidente del Gobierno descolocó a todos anunciando la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio. Una decisión de alto riesgo que obliga a los partidos a ponerse las pilas a toda prisa y replantearse cómo han de ser estos dos meses necesariamente trepidantes en los que se juegan el todo por el todo. 

Nadie contaba con ir a elecciones antes de fin de año, nadie contemplaba un adelanto electoral habida cuenta de que el primero de julio España asumirá la presidencia de la Unión Europea con la exposición pública y la notoriedad internacional que ello supone. Pedro Sánchez hará los honores ante nuestros socios comunitarios en plena campaña electoral y, sea o no relevado en la Moncloa, así continuará durante casi dos meses en los eventos más señalados de la presidencia española.

A Sánchez no le quedaba otra que hacerse responsable de los pésimos resultados del 28-M, lo contrario le habría enfrentado a sus barones y acelerado la inevitable sangría. Por temerario que parezca, el cortar de un tajo esa deriva era lo único posible para retomar la iniciativa y forzar el plebiscito a su gestión que tanto le reclamaron desde la derecha sus opositores. No hay duda de que tras lo ocurrido el domingo, el PP saldrá con ventaja a la arena, el olor a cambio de ciclo es intenso y su moral de victoria se antoja arrolladora, aunque la diferencia de votos con el PSOE no sea tan acusada como su espectacular ganancia en poder territorial.

Además, sus candidatos que aspiran a gobernar han de afrontar antes de la campaña el engorroso trámite de tratar con Vox sobre unos acuerdos de gobierno que en la dirección de Génova tratarán de esquivar cuanto puedan. Núñez Feijóo deja, en teoría, libertad a los suyos para manejar esos tratos con la ultraderecha, pero pide que los eviten o al menos que los retrasen cuanto puedan. Eso puede ser en Murcia –donde el PP de López Miras ha logrado más escaños que la suma de la izquierda–, pero allí donde dependan de Vox, más pronto que tarde van a tener que retratarse.

Aunque ahora Santiago Abascal se muestre moderado, los populares temen la irrupción de personajes como el castellanoleonés García-Gallardo en los gobiernos recién conquistados. En Extremadura, el candidato de Vox trató con absoluto desprecio a la cabeza de lista del PP mientras que en Valencia, el líder de la formación ultra, que aspira a negociar con el popular Carlos Mazón su entrada en la Generalitat, viene de Fuerza Nueva y fue condenado a un año de cárcel por violencia machista. Una línea roja difícil de cruzar.

Esto es lo que hay y el PSOE tratará de agitarlo para movilizar a la izquierda más apática. Así lo explicitó Sánchez al afirmar que el electorado habrá de elegir entre un gobierno con la extrema derecha o un gobierno de progreso. Esto último ha quedado demostrado que será imposible sin la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE. 

Las elecciones del 28-M dejaron a Podemos en un estado agónico sin que nadie asuma responsabilidad alguna. El adelanto electoral al 23-J apenas deja tiempo a la formación morada para entenderse con Sumar de Yolanda Díaz y ya no caben exigencias, personalismos ni veleidades; en una semana habrán de comunicar a la Junta Electoral si van en coalición o separados. La patada que Sánchez le ha pegado al hormiguero además de meter presión a propios y extraños es lo único inteligente que podía hacer.