La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es la norma que marca cómo se debe actualizar el precio del alquiler de una vivienda. El más utilizado para actualizar la renta es el Índice de Precios al Consumo (IPC).

El pasado 2022, para paliar los efectos negativos de la inflación en los inquilinos, el Gobierno puso un límite temporal del 2% en la subida del precio de los alquileres desde abril hasta finales de diciembre de ese mismo año. 

Este límite continuará durante todo 2023 y se plantea establecer un tope del 3% para 2024.

Tal y como recoge el portal especializado en vivienda Idealista, el artículo 18 de la LAU recoge que, durante la vigencia del contrato, el precio del alquiler se podrá actualizar cada año si se ha pactado de forma expresa. 

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Si se ha establecido, pero no hay detalle sobre la metodología de referencia, se aplicará la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada actualización.

En cambio, si no se ha pactado actualización, esta no se producirá mientras tenga vigencia el contrato de arrendamiento. Sin embargo, el indicador más utilizado en los contratos es el IPC y su renovación podrá realizarse anualmente.

Para calcular la subida del alquiler con el IPC, se toma el alquiler actual que se está pagando. Luego convertimos el porcentaje de IPC en una forma decimal (por ejemplo, 3% se convierte en 0.03). Luego debemos multiplicar este decimal por el alquiler actual para obtener el aumento y, finalmente, sumar este aumento al alquiler actual para obtener la nueva renta del alquiler.