El próximo 19 de julio se producirá la obligada jubilación del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, que cumplirá 72 años y se verá forzado a abandonar la judicatura y su asiento en el órgano que encabeza desde el pasado octubre. Su marcha dejará al Consejo con solo 16 miembros, cinco menos de los que establece la ley, y previsiblemente dará la presidencia al siguiente vocal de mayor edad, el conservador Vicente Guilarte. El grupo progresista, minoritario en el órgano, se verá reducido a seis miembros. Una nueva baja será especialmente significativa en el contexto de la Presidencia española de la UE, que comienza el próximo 1 de julio y que ha llevado a Europa a instar reiteradamente a la renovación del Consejo. 

Según explican a 20minutos fuentes del órgano, cuando se produzca el cese, será el Pleno del CGPJ quien designe al nuevo presidente. Pero si se sigue la misma dinámica que cuando fue nombrado Rafael Mozo, le corresponderá al vocal de más edad. 

La jubilación de Rafael Mozo sólo será un capítulo más en la lenta agonía del CGPJ, que debió renovarse a finales de 2018 y tiene bloqueadas algunas de sus funciones más importantes como el nombramiento de magistrados en puestos clave como el Tribunal Supremo, donde las diferentes salas jurisdiccionales acusan ya la falta de jueces y los asuntos por resolver se van acumulando, con el lastre que eso supone para la justicia.

Sin embargo, parece poco probable que la marcha del presidente interino dé lugar a un nuevo acercamiento entre el PP y el PSOE para llegar a un acuerdo y renovar de una vez el CGPJ, una realidad que parece alejarse a medida que se acercan las elecciones generales de finales de año.

El quinto asiento vacío

Tras la marcha de Mozo, serán cinco los asientos vacíos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El primer cese tuvo lugar en marzo del año pasado, cuando también por cumplir la edad de jubilación dejó el cargo el vocal Rafael Fernández Valverde. Después, el fallecimiento de María Victoria Cinto, vocal progresista, dejó otra vacante el 30 de junio de 2022. Y cuatro meses después llegó la dimisión del entonces presidente Carlos Lesmes, que provocó con su marcha la vuelta de las negociaciones entre el PP y el PSOE.

Los vocales progresistas del CGPJ renuncian a dimitir en bloque para forzar la renovación del órgano

El que fuera presidente del Consejo y del Tribunal Supremo cesó en sus cargos en octubre al considerar que su permanencia en el órgano caduco carecía "de sentido". Lesmes se marchó poco a poco, como esperando la llegada de un gesto en favor de la renovación que no había logrado provocar durante su mandato.

El acercamiento llegó cuando Lesmes ya se había marchado, pero el líder del Partido Popular tiró por la borda las negociaciones a última hora. El pacto estaba prácticamente cerrado, pero las noticias de que el PSOE negociaba paralelamente con ERC la reforma de la sedición llevaron a Alberto Núñez Feijóo a rechazar el acuerdo.

Finalmente, en marzo de este año se anunció una última dimisión en el Consejo, la de la progresista Concepción Sáez. La única vocal nombrada a propuesta de Izquierda Unida -allá por 2013, cuando se renovó el CGPJ por última vez- remitió una carta comunicando su intención de renunciar al puesto ante la falta de perspectiva de una renovación. Su decisión dio pie a que el vocal progresista Álvaro Cuesta resucitase la idea de una dimisión en bloque que llevase a forzar una renovación del órgano, Pero tras varias reuniones la iniciativa se frustró ante la falta de unanimidad en el bloque progresista.

Bruselas presiona sin éxito

Mientras las bajas se suceden en el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Europea envía a España periódicamente a su comisario de Justicia, Didier Reynders, para recordar al Gobierno y la oposición la necesidad de renovar el Consejo. Las recomendaciones, que ya venían recogidas en el último informe sobre el Estado de Derecho de la UE, se intensifican a medida que se acerca una fecha clave: el 1 de julio.

El comisario Reyders insiste en la necesidad de renovar el CGPJ antes de que España asuma la Presidencia de la Unión Europea

Al comienzo de ese mes, España asumirá la Presidencia de turno de la UE, y debería hacerlo dando "ejemplo" al resto de países miembros, como ha reiterado el comisario Reynders durante los últimos meses. "Recomendamos proceder con la renovación del CGPJ como cuestión prioritaria e iniciar de forma inmediata tras la renovación un proceso para adaptar la designación de sus jueces que tenga en cuenta los estándares europeos", señaló por última vez el pasado 8 de mayo. 

Sin embargo, el acuerdo postergado durante más de cuatro años parece volverse más improbable con el paso de los días. Tras la intervención del comisario de Justicia, que proponía "renovar" primero y "reformar el modelo de elección" después, Alberto Núñez Feijóo planteó exactamente lo contrario. Los populares no negociarán ningún tipo de renovación si no se pacta previamente un cambio en el modelo de elección que siga las indicaciones de Bruselas, vino a decir el líder popular tras escuchar las últimas advertencias del comisario. 

El Partido Popular, de hecho, intentó sin éxito tramitar esta reforma a través de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados la semana pasada. La norma pretendía establecer un sistema por el que los propios jueces voten a los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial que son jueces y magistrados. El resto de los vocales, los ocho que son "juristas de reconocido prestigio", los escogería el Parlamento, que actualmente nombra al total de los vocales. Así lo quiere Feijóo y también la Comisión Europea.

Sin embargo, a diferencia del PP, Bruselas y el PSOE defienden que antes de acometer la mencionada reforma se debe pactar una nueva composición del CGPJ que refleje las mayorías de las Cámaras y sustituya a la que se nombró en 2013 y aún permanece en el órgano. No parece, de momento, que Feijóo se vaya a prestar a hacer las cosas en este orden, al menos antes de diciembre. Si la renovación no se produce antes de las elecciones generales, la negociación se basaría en una nueva composición parlamentaria y la legislatura de mayoría progresista no se vería reflejada jamás en el pleno del CGPJ.