Como ocurre desde hace años en los pisos en las grandes ciudades, el despliegue de las renovables por el campo español está dando lugar a un cambio del uso de la tierra, que deja de ser cultivada para acoger parques solares y, con menores impactos sobre las superficie, eólicos. También como sucede con quienes viven de alquiler en Madrid o Barcelona, este fenómeno está haciendo que agricultores que arriendan la tierra para cultivarla se estén quedando sin ella, porque el propietario elige los mayores beneficios económicos que obtiene por alquilarla a un promotor de renovables, de la misma manera que los dueños de los inmuebles optan por el alquiler turístico en lugar del de larga duración. Como en las ciudades,  la llegada de este 'efecto Airbnb' al campo deja a muchos agricultores sin tierra que cultivar y sin los grandes beneficios que sí perciben los propietarios por arrendar la tierra en su lugar a un promotor de renovables. De momento, los acuerdos privados entre arrendador y arrendatario son los arreglos más frecuentes mientras hay quien ve la solución en contratos a tres bandas entre promotores, propietarios y arrendatarios.

El estudio Renovables y Territorio que publicó recientemente la Red Española para el Desarrollo Sostenible alerta de que uno de los mayores impactos del despliegue de energías renovables es la "ocupación del territorio" que antes se utilizaba para uso agrario y que queda convertido en "zonas de producción energética renovable". Como parte de esta reconversión, el propietario de la tierra recibe por parte del promotor una renta por más años y una cantidad muy superior a la que recibe por parte del arrendatario que, "en muchas zonas" es quien realmente trabaja en estos terrenos y quien, cuando dejan de tener uso agrícola y se convierten en un huerto solar "no se ven beneficiados por ello". "Pierden la totalidad del terreno de cultivo en el que han trabajado durante décadas" o "la pérdida parcial de tierras haciendo inviable los medios económicos plenamente empleados", dice.

Este fenómeno no solo aparece sobre el papel. Representantes de organizaciones agrarias por todo el país consultados por este periódico dan fe de que cada vez más arrendatarios se quedan sin tierras que cultivar por este motivo, a medida que los parques de renovables, particularmente de placas fotovoltaicas, van ocupando el espacio que antes se dedicaba a la agricultura. 

"Hay casos en los que se les avisa con un tiempo de antelación de que tienen que dejar la tierra o se les perdona el año de renta o llegan a un acuerdo económico y ese señor se queda un poco tirado", explica Ramón García, de COAG Andalucía. "Conocemos a mucha gente que está en esta situación", añade José Manuel Roche, de UPA Aragón. "Los propietarios están hablando con los arrendatarios diciendo que tienen que dejar las tierras porque las van a arrendar para montar un parque", añade.

Josep Guitar es miembro de la Unió Pagesos, cultiva desde hace 20 años trigo y cebada en la comarca del Bages, en el interior de la provincia de Barcelona, en una tierra que no es de su propiedad y está a punto de quedarse sin ella. "Pueden hacer lo que quieran", lamenta tras constatar que el 'peinado' de la comarca que antes de la pandemia hicieron muchos promotores en busca de propietarios que "quisieran poner placas" ha dado sus frutos.

"El arrendatario es el fondo de inversión"

"Con un precio por hectárea diez veces por encima de lo que paga un arrendatario", hay poco que hacer si, como dice, tampoco las administraciones ponen conto y limitan los parques renovables a tierras baldías o de secano. En Aragón, Andalucía o Cataluña están arrendando tierras de regadío o de frutales -que se pagan más caras todavía- y aunque en Castilla y León existe una ley autonómica que lo prohíbe, los grandes proyectos -de más de 50 megavatios- son aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica, no por los gobiernos regionales, que no tiene en cuenta esta regulación.

Los agricultores que arriendan la tierra que trabajan son los daños colaterales de una cadena económica mucho más provechosa y que las organizaciones agrarias entienden perfectamente. Según apuntan unas y otras, en el sector agrícola cada vez entra menos savia nueva, los propietarios de las tierras son personas mayores, con muchos años de trabajo duro a sus espaldas y a quienes cuestiones como la sequía y el cambio climático cada vez les ponen más cuesta arriba seguir con la actividad agrícola. Los promotores llegan con contratos de arrendamiento de 20 o 25 años -frente a los de los agricultores, que suelen ser verbales, que pasan de padres a hijos entre familias en pueblos que se conocen de toda la vida y que se suelen renovar año tras año- y con rentas que multiplican muchas veces el dinero que reciben y que hace que vean una oportunidad de asegurarse una jubilación y dejar algo a sus hijos.

Con las ayudas de la PAC que los propietarios mantienen aunque no sean ellos los que trabajan la tierra, las rentas de los arrendatarios son meramente "simbólicas", de 50-100 euros. Los promotores suben la apuesta y ofrecen hasta 800 euros la hectárea de secano al año, hasta 1.200 euros si es de regadío y llegan a los 1.400 si es de leñoso, de árboles frutales. "El agricultor nunca podrá competir con una empresa que hace renovables", afirma Roche. "No se puede competir con gigantes", tercia Lorenzo Ribera, de COAG Castilla y León, ante "una rentabilidad que no da ninguna entidad financiera ni producto financiero". "El arrendatario es el fondo de inversión" en esta nueva realidad y no el agricultor, señala.

Deseando firmar

Con estas cifras sobre la mesa, los propietarios de las tierras, cada vez más mayores y con más dificultades para cultivarlas, firman sin pensárselo dos veces. Así lo asegura Celia Miravalles, abogada especialista en derecho agrario con despacho en Valladolid. En sus 25 años de experiencia, asegura que "todos están desando firmar" un contrato de alquiler de sus tierras con promotores de renovables. En el caso de los arrendatarios, "depende", aunque asegura que lo normal es que se acuerden indemnizaciones para ellos y que todavía no conoce el caso de que a un arrendatario "le hayan quitado absolutamente todas las tierras que trabaja".

"Están deseando firmar, propietarios y agricultores, siempre han llegado a un acuerdo. Yo aún estoy por ver una manifestación de arrendatarios protestando por este tema", afirma la letrada.

Estos acuerdos suelen ser discretos, dentro de pueblos y entre familias vecinas que raramente quieren llegar a un enfrentamiento judicial, explican desde las organizaciones agrarias. A partir de ahí, algunos "se reinventan", por ejemplo, creando empresas de servicios para terceros con las herramientas y aperos de labranza con los que antes trabajaban en el campo, explica García, desde Carmona, la localidad que ha experimentado una explosión de renovables en los últimos años por su cercanía a Sevilla y a los puntos de evacuación de la electricidad que se genera en las plantas . "Puede haber unas 2.000 hectáreas de huertos solares y hay previstas otras 4.000 a 6.000", dice. "Te reinventas si tienes edad", añade.

Además de estos contratos entre particulares, el informe de la Red Española para el Desarrollo Sostenible que da la voz de alerta sobre la situación en la que quedan los arrendatarios de un campo que se convierte en un parque de placas solares plantea como solución que los promotores firmen un contrato de alquiler no solo con el propietario de la tierra, sino con los agricultores que antes de su llegada la alquilaban. Es algo que ya sucede y que esta organización cree que debería generalizarse. En estos contratos, explica, "se tiene en cuenta al Titular de la Explotación Agrícola, además de al propietario del terreno", de modo que "se firma el pago de un alquiler a estos agentes además de al propietario", en una proporción que en contratos de este tipo que ya se han dado plantea el reparto de esos más de 1.000 euros por hectárea y año consistente en 6/7 para el propietario y 1/6 para el arrendatario.