El Gobierno exige a la Junta de Andalucía no solo que retire la proposición de ley que legalizará regadíos en Doñana, sino que quede "expresamente descartada", sin "ninguna duda", porque hasta entonces no se sentará a negociar con el Gobierno andaluz otras cuestiones que también conciernen al parque natural. Un día después de la visita del consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, a Bruselas, el Gobierno se ve de nuevo respaldado por la Comisión Europea y a la exigencia de que retire la ley ha añadido la advertencia de que hasta que no lo haga no se sentará a hablar con la Junta. También después de escuchar a la Comisión reclamar más celeridad en el plan de mejora de este paraje para cumplir la condena europea de 2021, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se ha comprometido a "intensificar" los trabajos, para lo que reforzará el personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con el objetivo de que en 2025 no haya extracciones de aguas subterráneas.

Según ha dicho, ni ella pero tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen intención de sentarse a negociar nada relacionado a Doñana hasta que no se retire la ley. "Tan pronto tengamos un marco legal compatible con el Derecho europeo podemos hablar de lo que quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades", ha dicho desde la sala de prensa de Moncloa.

"Tan pronto se retire esta proposición que tanto daño está haciendo a la imagen de España y los agricultores no tendremos ningún inconveniente [en hablar]. Es más, creo que es importante hacerlo porque la situación de sequía es cada vez más recurrente y fragilidad del espacio tan sensible cuya gestión corresponde a la Junta y de las comunidades locales próximas y la actividad económica en zonas de influencia del parque imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones", ha dicho Ribera, que ha insistido en que quieren una retractación sobre la que no quede duda.

"Tan pronto quede expresamente descartada, para que no haya ninguna duda con respecto a la Comisión o a la Unesco, estaremos encantados de poder trabajar con ellos", ha incidido.

Ribera ha seguido de este modo elevando el tono de su advertencia a la Junta. Si este lunes dejó claro que al Gobierno no le vale una modificación como la que la semana pasada ofreció Moreno a la Comisión Europea y "solo cabe" retirar el proyecto de ley, este martes ha advertido que hasta entonces el Gobierno no tiene nada que hablar con Sevilla sobre Doñana. En el capítulo de las cosas que pone en riesgo la proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz, Ribera ya no lo limita solo a una sanción europea que tendrían que pagar todos los españoles. También ha advertido de que la Unesco puede retirarle el título Patrimonio de la Humanidad que le otorgó en 1984 si considera que ya no se dan las circunstancias.

Intensificar las mejoras

Por otra parte, la vicepresidenta también ha aprovechado para deslizar algún mensaje relativo al otro mensaje que el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, que manifestó su "profunda preocupación" a Fernández-Pacheco por la ley en trámite, también porque es un paso que "no va en la buena dirección" a la obligación que tiene España de cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó por el mal estado de los acuíferos.

Dos años después, la Comisión sigue creyendo que las medidas que está tomando España "no son suficientes" y este martes Sinkevicius urgió al Gobierno a "reforzar" la ejecución de la sentencia porque en caso contrario irá adelante con el procedimiento de infracción que inició en julio del año pasado, un proceso que previsiblemente terminará una sanción económica y en el que el plan de regadíos de la Junta en Doñana es un elemento negativo más.

En este contexto, Ribera se ha comprometido a "intensificar" las medidas para "reconducir" la situación del Parque de Doñana. Desde 2018, el Ministerio tiene cuantificados 210 pozos ilegales cerrados, otros 491 legales clausurados de forma voluntaria, a regantes que intercambiaron ese agua subterránea por la de superficie que ya se les ha empezado a proporcionar del trasvase desde los ríos Tinto, Piedras y Odiel, y hay 428 expedientes en tramitación para el cierre de otros tantos pozos.

Según Ribera, el objetivo es que en 2025 no se hagan más "extracciones" en masas de agua subterránea "en peligro", garantizado el abastecimiento con agua de superficie y  buscando alternativas en el ámbito de la depuración de agua, con depuradoras en Sevilla, Isla Mayor Escacena del Campo, Luena del Puerto, Moguer y Sanlúcar que se espera empiecen a adecuarse el año que viene. También está el proyecto para ampliar la depuradora de Matalascañas, que terminará en 2027.

Además, ha anunciado que va a reforzar el personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y también del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

"El compromiso del Gobierno con Doñana es total. Queremos reforzar el  equipo técnico de la Confederación y el acompañamiento desde el Seprona que también se verá reforzado en la comarca", ha dicho Ribera, que ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre Doñana en el que figuran otros planes, como completar hasta 19,9 hectómetros cúbicos el trasvase desde el Piedras y el Tinto y habilitar un volumen adicional de ocho hectómetros cúbicos al año mediante el recrecimiento del embalse de El Agrio con unas obras que está previsto que se lleven a cabo entre 2024 y 2026.

Más infraestructuras a partir de 2024

El Marco de Actuaciones previsto del Gobierno contempla también una inversión de 100 millones para la adquisición a partir de 2024 de terrenos con derecho a agua que actualmente impiden la conexión del río Guadiamar con las Marismas.

La vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno está tomando toda las medidas a su alcance desde su competencia en materia de aguas pero ha pedido la necesaria colaboración de la Junta, con la que el Gobierno central no tiene previsto sentarse a hablar hasta que no retire la proposición de ley.

"Desde el Gobierno consideramos imprescindible la importancia de todas las administraciones, el ejercicio responsable de nuestras competencias. Es difícil garantizar el buen estado de Doñana si además de las competencias de en materia de agua no se activan las competencias autonómicas en materia de protección del medio ambiente, incluida la  gestión del parque nacional y de ordenación del territorio, regadío y agricultura", en manos de la Junta.