En un Madrid en el que los precios de las viviendas no paran de crecer y los costes del alquiler están disparados, la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid es propietaria de más de 25.000 pisos sociales. De todos ellos, al menos 635 están okupados ilegalmente. Esta es la cifra que la Consejería de Vivienda de la región ha proporcionado de los expedientes que ya se han iniciado con el objetivo de solicitar la autorización correspondiente para la entrada y el desalojo de los apartamentos. En el último año, han logrado recuperar un total de 316 casas que se encontraban en esta situación.

Según los datos de la AVS, más de 2.000 pisos sociales están sometidos a lo que la Comunidad de Madrid denomina como "ocupación sin título". Son los apartamentos que se encuentran en algún tipo de situación no regulada. En la práctica, se traduce en viviendas en las que la persona que firmó el contrato de alquiler con la AVS no es la misma que está residiendo en el apartamento. Estas más de 2.000 casas, además de incluir las okupaciones ilegales, también engloba otros supuestos como que los inquilinos que tenían el contrato han fallecido y está allí viviendo algún familiar o conocido. 

Los más de 25.000 pisos sociales que tiene bajo su propiedad la Agencia de Vivienda Social se encuentran repartidos en 118 municipios de la región. No obstante, no todos de ellos están funcionando con normalidad, puesto que 1.067 están deshabitadas por estar sometidas a algún tipo de trámite como pueden ser reforma, arreglos o desinfección. De estas últimas, 204 se encuentran tabicadas o listas para derribo— como las infraviviendas de la UVA de Hortaleza y Peones Camineros— y 863 en proceso de adjudicación o contratación para su reparación.

Al menos 635 okupaciones y 316 desalojos

El Gobierno de la región no tiene un registro concreto de cuántos pisos sociales de la AVS hay okupados actualmente. Son al menos 635, ya que son los expedientes que la Administración está tramitando para obtener la autorización en la entrada de un domicilio— 520 se iniciaron en 2022 y 115 en 2023—. Entre ellos se encuentran los situados en la calle Villablanca, en el distrito de Vicálvaro. Desde allí, los vecinos aseguran que cuando un inmueble se queda vacío, los usurpadores están atentos para, a golpe de patada, entrar allí a vivir.

Los vecinos de 200 pisos sociales de Vicálvaro conviven con el amianto sobre sus cabezas

Solo en el último año, la Comunidad ha conseguido recuperar un total de 316 viviendas sociales que estaban okupadas— 248 en 2022 y 68 en lo que va de 2023. Además, hay 29 procedimientos penales por usurpación abiertos y 3 civiles. No obstante, los trámites judiciales para poder desalojar un apartamento son largos, más después de la pandemia. La paralización de desahucios en aquel momento, ha provocado que los procesos se hayan ralentizado.

Una lista de espera viva

Acceder a este tipo de pisos sociales, además de ciertos trámites burocráticos, implica estar apuntado a una lista de espera. Sin embargo, desde la Consejería de Vivienda aseguran que al ser "un dato vivo" es complicado concretar cuál es su longitud. Y es que es una cifra que depende "de las entregas de nuevas promociones y varía cada día". 

De hecho, la Agencia de Vivienda Social tiene actualmente en marcha 23 promociones en diversas fases de desarrollo— ejecución, licitación o redacción de obras— que suponen más de 1.600 viviendas distribuidas en municipios de la región.