Varias decenas de banderas ondeaban este miércoles frente al Ministerio de Justicia, en la madrileña calle San Bernardo, mostrando las siglas de cuatro sindicatos: Comisiones Obreras, UGT, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Una concentración convocada por estas organizaciones a las 12.30 horas de este miércoles ha sido la antesala de la huelga indefinida de funcionarios de los cuerpos generales y especiales la Justicia convocada a partir del lunes 17, que pondrá de nuevo a la cartera de Pilar Llop contra las cuerdas. 

La estampa de esta mañana de miércoles recordaba a la protagonizada hace unas semanas los letrados de la Administración de Justicia, que tras dos meses de huelga y varias concentraciones organizadas en el mismo enclave consiguieron pactar con el Gobierno una subida de entre 430 y 450 euros mensuales para los 4.300 funcionarios que componen este cuerpo. Alcanzar aquel trato costó la suspensión de cerca de 400.000 juicios y la paralización de más de 400.000 demandas y 1.280 millones de euros. Y ahora, el ministerio se enfrenta a otra huelga indefinida a la que están llamados a acudir 45.000 trabajadores a lo largo y ancho del país. 

Subidas salariales y la paralización de la LOEO

Las dos principales reivindicaciones de los sindicatos son un aumento en las nóminas proporcional al concedido a los letrados judiciales y la paralización de la ley orgánica de eficiencia organizativa (LOEO), actualmente en tramitación parlamentaria. El comité de huelga exige además la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población. Es decir, buscan acabar con las diferencias salariales según el lugar en el que se trabaje, de forma que todos los salarios se equiparen a los establecidos en Madrid y Barcelona.

Concretamente, reclaman subidas de 430 euros para los médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Para los grupos de gestión y los técnicos especialistas de laboratorio solicitan 400 euros de aumento y para los profesionales de tramitación y ayudantes de laboratorio un incremento de 375 euros.

Piden además una subida de 350 euros para los funcionarios de Auxilio Judicial. Unas subidas que son "elevadas", aunque "en la línea de las concedidas a los letrados judiciales" según reconoce el secretario general del sindicato STAJ, Vicente Navarro a 20minutos. El sindicalista señala que no han mantenido contacto con el Ministerio de Justicia todavía. "Hemos interpelado al secretario general Manuel Olmedo, pero no nos  han llamado y eso nos irrita", ha subrayado Navarro durante la manifestación. 

Sin embargo, según han confirmado a 20minutos fuentes de Justicia, el ministerio se reunirá este jueves con los sindicatos para abordar la configuración de servicios mínimos durante la huelga. Este será el primer contacto que mantengan las partes desde que se informó a los sindicatos del acuerdo firmado con los letrados judiciales, momento en el que las organizaciones advirtieron al equipo de Llop de que la subida suponía "una discriminación". 

A ojos de los sindicatos convocantes, los funcionarios de Justicia llamados a la huelga hacen "el 97% del trabajo de los tribunales", por lo que los efectos de la huelga que seguirán de forma indefinida entre las diez de la mañana y la una del mediodía podrían ser "aún más graves". Navarro, sin embargo, asume que alcanzar un seguimiento alto será "complicado" en el caso de los funcionarios de Justicia, dado que los sueldos son más bajos que en el caso de los letrados y es más difícil prescindir del dinero. 

Precisamente, el salario de los secretarios judiciales fue una de las bazas utilizadas por el ministerio de Llop para negociar con ellos durante la huelga. La cartera de Justicia reprochaba a los letrados que mantuviesen la huelga cuando sus salarios oscilaban entre los 39.000 y los 61.000 euros anuales. En el caso de los funcionarios convocados a esta huelga, según el sindicato STAJ, los sueldos rondan "los 28.000 euros de media entre agentes, tramitadores y gestores". 

Respecto a la paralización de la ley de eficiencia organizativa, los sindicatos la sitúan como una condición indispensable, ya que consideran que la norma "pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal de la Administración de Justicia". Los huelguistas denuncian igualmente que la ley hará desaparecer los juzgados de paz, situados en las localidades pequeñas, haciendo desaparecer "la cercanía de la Justicia a los pueblos y la accesibilidad de la misma para los ciudadanos". 

Este lunes 17 empezará la huelga indefinida, que se mantendrá entre las 10.00 y las 13.00 horas, "cuando se realizan la mayor parte de las vistas, los repartos en decanatos y las grandes actuaciones judiciales", según explica Navarro. El día 19 la huelga durará toda la jornada y se celebrará una movilización en la capital.