La decisión sobre la entrada o no en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para cumplir su condena de seis años por el caso de los ERE parece no tener fin, después de que la justicia suspendiera temporalmente su encarcelamiento mientras el socialista se somete a un tratamiento por el cáncer que padece.  

Ahora, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha requerido de nuevo a la defensa del expresidente que, en el plazo de cinco días hábiles, aporte todos los nuevos informes médicos de los que disponga. Todo ello con el objetivo de que el político se someta a un nuevo reconocimiento médico por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que determine si puede ser tratado en prisión del cáncer de próstata que le fue diagnosticado. 

Cabe recordar que, hace tan solo unos días, la Audiencia dio cuenta de la documentación emitida por los servicios médicos del centro penitenciario de Sevilla, que le fue requerida el pasado enero. En dicho informe se exponía que, para la atención médica "especializada", la prisión dispone de un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para derivar pacientes encarcelados a los "servicios especializados" de los hospitales Macarena y Virgen del Rocío, incluyendo en el "proceso de atención integral" acordado los "procedimientos terapéuticos, tales como sesiones de quimioterapia o radioterapia", entre otros aspectos. 

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado a la Audiencia que reclamara a la defensa de Griñán información médica "actualizada" sobre su diagnóstico y tratamiento, con el fin de que el centro penitenciario ratificara o modificara sus mencionadas conclusiones.  

El caso de Barberá

En paralelo, la Audiencia de Sevilla ha emitido otra providencia en la que da cuenta de la información remitida por los servicios médicos del centro penitenciario de Sevilla sobre la posibilidad de tratamiento en prisión de la enfermedad que también ha alegado el viceconsejero de Empleo de la Junta Agustín Barberá, condenado a siete años de prisión en el mismo juicio que el expresidente andaluz.

En este caso, la Sección Primera ha dado un plazo de tres días hábiles al Ministerio Público y a las demás partes personadas para que realicen las alegaciones que consideren oportunas. 

El resto de los condenados a prisión en el juicio por el procedimiento específico de concesión de ayudas se encuentran ya cumpliendo su pena en la cárcel, excepto el ex director general de Trabajo Juan Márquez, a quien el Tribunal Supremo redujo su condena a tres años de cárcel, por lo que la Audiencia ha suspendido su encarcelamiento durante un año hasta que se resuelva su petición de indulto. 

Hace tan solo unos días, además, la Audiencia rechazaba revocar o rebajar la condena de dos de los ex altos cargo de la Junta que están en prisión -la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano-, cuyas defensas aludían a la reforma del delito de malversación.