"Por medio del presente escrito interponemos recurso de reposición contra la resolución que con fecha 26 de enero de 2023, el Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano aprobó el Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas". Así comienza el recurso que han presentado ya los vecinos damnificados por la última tasación del suelo de las viviendas del Plan 18.000 que aprobó el área municipal de Desarrollo Urbano en Madrid. Esta es una de las acciones que los afectados van a tomar con el objetivo de presionar al Ayuntamiento de Madrid para busque una vía que pueda ayudarles.

Además, van a convocar una protesta el próximo 22 de marzo, día en el que también se reúne la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras y Equipamientos. Los afectados estarán presentes fuera de las instalaciones donde tendrá lugar el acto pidiendo soluciones al Consistorio.

"Esta casa era la hucha para el futuro de mis hijos": los desengañados por el Plan 18.000

Contra Carmena y Almeida

El recurso que han presentado los vecinos con el objetivo de anular el pliego aprobado el pasado mes de enero denuncia varias situaciones que se han dado desde que comenzó a funcionar el Plan 18.000. Por un lado, ponen de manifiesto el incumplimiento del acuerdo al que llegaron los diferentes grupos municipales por unanimidad en el Pleno celebrado el 21 de diciembre de 2017, con Manuela Carmena al mando. En él, se aprobó que se ejecutaría una nueva tasación de los suelos ajustando los precios del suelo al máximo permitido— ya que la valoración que estaba en vigor establecía costes de vivienda con protección pública básica (VPPB)— y se aplicase el IVA correspondiente— en vez del 21%, que fuese el reducido o superreducido en función de cada caso.  

Pactaron también que "en un plazo máximo de 5 meses se publicaría un nuevo pliego" basado en estas condiciones. Sin embargo, nunca llegó, de manera que siguió funcionando el que se había difundido en el año 2013, que tenía una vigencia de 5 años.

Por otro lado, denuncian también la última publicación de los precios del suelo que ha hecho el área municipal de Desarrollo Urbano, que dirige Mariano Fuentes. El primer aspecto que ponen de manifiesto es que los usuarios del Plan 18.000 no han sido informados de la aprobación del nuevo pliego que regula el suelo de sus viviendas. "No nos ha sido notificado, contraviniendo lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) que dispone: toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días", escriben en el recurso. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo desmienten esta acusación y aseguran que "se ha notificado a aquellos vecinos a los que les afecta".

No obstante, los afectados coinciden en que están siendo ellos mismos los que están llevando a cabo la campaña de información. Han creado grupos de WhatsApp y están enviando cartas a todos los residentes con una explicación de la situación. Esta es una de las líneas que van a seguir en su hoja de ruta para generar más presión al Consistorio y, así, tratar de encontrar una solución viable al problema al que se enfrentan ahora mismo. Creen que avisando de lo que ocurre, conseguirán más apoyo a su causa.

En el recurso que han presentado también critican que "el Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano limita la enajenación de las cuotas de suelo que corresponde a los titulares superficiarios de las viviendas de protección oficial (VPO), contraviniendo lo que hasta ahora suponía una política común de las diferentes Corporaciones desde 1996". Exponen que, aunque todos los grupos municipales aprobaron en los Pactos de la Villa que se restringiese la venta de suelos y viviendas protegidas, no creen que "en el ánimo de ninguno de los componentes de la Corporación Municipal estuviese impedir la enajenación de las cuotas de suelo". Por ello, acusan al Ejecutivo municipal de poner en marcha "un claro proceso especulativo". 

Sin embargo, desde el Consistorio confirman que el pliego se ha "hecho dando cumplimiento a los acuerdos del 7 de julio de 2020". Esto significa que solo pueden poner en venta los suelos que ya no están protegidos y hacerlo en función de los precios del mercado libre.

No parece una explicación que sirva a los afectados, que temen perder su casa dentro de cerca de 40 años y, así, no poder dejar la vivienda en herencia a sus hijos como habían planeado. Por ello, los desengañados del Plan 18.000 piden la suspensión del último pliego aprobado.

El Ayuntamiento mantiene que no pueden bajar el precio de esos suelos. "Hay que cumplir la ley", apuntan fuentes del área municipal de Desarrollo Urbano. El Consistorio "no puede vender suelo por debajo de su valor. Tiene que velar por el interés general, el de todos los madrileños", explican. "No es un capricho ni voluntad de fastidiar a nadie", añaden. 

Otras movilizaciones

Además de presentar este recurso, los vecinos se están organizando para convocar una protesta el próximo miércoles, 22 de marzo. Han elegido esta fecha debido a que es el día que se reúne la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Equipamiento. El objetivo es mostrar su disconformidad con los precios que aparecen en el pliego, ya que en muchos casos multiplican por cinco el valor del suelo cuando estaba tasado en función del régimen de protección.

A pesar de todas estas protestas, los representantes de la Plataforma de Afectados por el Suelo Plan 18.000 están abiertos a una reunión con el Ayuntamiento, aunque todavía no está agendada.  Sin embargo, los técnicos del área municipal de Desarrollo Urbano se citaron el miércoles con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (Fravm) y los vecinos de Villaverde Bajo para informarles de las condiciones y razones por las que el pliego tiene unos precios tan elevados. Los afectados también están buscando el apoyo de los partidos políticos de la oposición en la capital y de distintas organizaciones que pudieran brindarles apoyo.