La nueva pelea de la RAE: que las Administraciones públicas hablen nuestro mismo idioma y no uno enrevesado 

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (izq), y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado (dcha), durante la firma del convenio.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (izq), y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado (dcha), durante la firma del convenio.
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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (izq), y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado (dcha), durante la firma del convenio.

Una de las cosas que ponía de manifiesto el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, tras el pleno en el que se ratificó la nueva redacción de la ortografía de la palaba 'solo', con todos los dimes y diretes que se formaron al rededor, es que lamentaba que esa pugna diera la impresión de que la RAE se dedicaba a esas "cosas pequeñas" y que eso eclipsara sus labores de más trascendencia. 

Entre ellas está el nuevo frente de batalla de la institución que "limpia, fija y da esplendor a nuestro idioma": que las Administraciones públicas hablen el mismo lenguaje que la gente. 

Para eso el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y el director de la Real Academia Española (RAE), han firmado este martes un convenio para fomentar el uso de un lenguaje claro y accesible en las Administraciones públicas sin barreras por edad, formación o condicionamientos personales o culturales.

Para ello, la RAE realizará auditorías lingüísticas que verificarán la calidad y claridad del español utilizado en todos los ámbitos de la Administración y creará un observatorio digital permanente del uso del lenguaje tanto en las instituciones como en los dispositivos electrónicos vinculados a la gestión administrativa o de servicios esenciales.

Prestará también asistencia técnica a las instituciones y elaborará un diccionario fácil para mejorar la comprensión del lenguaje administrativo.

Por su parte, el Defensor del Pueblo se compromete a supervisar el uso del lenguaje claro por parte de las Administraciones en sus comunicaciones con los ciudadanos, así como en las máquinas y dispositivos electrónicos utilizados en la gestión de servicios públicos.

Aplicará además sus facultades ante los responsables de un mal uso del lenguaje en el ámbito público que pueda contribuir a vulnerar los derechos de los ciudadanos.

Ambas instituciones, según ha informado este martes en un comunicado el Defensor del Pueblo, crearán una comisión de coordinación que se reunirá, al menos una vez al semestre para realizar un seguimiento de las actuaciones realizadas en el marco de este convenio y solventar las dudas que pueda suscitar su desarrollo.

El pasado junio nació la Red Panhispánica de Lenguaje Claro (Red-PHLEC), un proyecto impulsado por la RAE, al que se adhirió el Defensor, con la intención de promover la claridad lingüística y que las autoridades se comprometan a llevarla a todos los ámbitos de la vida pública.

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