Años antes de verse envuelto en el 'caso Mediador' por el que la juez ha ordenado su ingreso en prisión, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, alias Papá, dejó un reguero de sospechas sobre la gestión del proyecto de la UE en el Sahel para apoyar en la lucha contra el terrorismo a los gobiernos de Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso, Chad y Senegal. Espinosa Navas estuvo al frente del proyecto GAR-SI SAHEL que lideró España y en el que participaron Francia, Italia y Portugal y una investigación independiente sobre sus resultados entre 2017 y 2021 detectó irregularidades en la adquisición de equipamiento para quienes luchaban en estos países contra el terrorismo. El informe habla de "trampas" en la compra de equipamiento de baja calidad e inadecuado por un valor estimado de 12 millones de euros.

"Los evaluadores estiman que al menos 12 millones de euros corresponden a gastos sin acreditar que corresponden con gastos desconsiderados e injustificados, sin tener en cuenta las dificultades halladas con la Manufactura de Equipamientos Militares en Chad, que tiene el monopolio de importación de equipamientos militares", dice en una de sus conclusiones la evaluación independiente que encargó la Comisión Europea cuando finalizó el proyecto GAR-SI Sahel a cuyo mando estuvo el general español encarcelado por el 'caso Mediador'.

Esta cantidad no es nada despreciable, porque el total del presupuesto que movilizó la UE en este proyecto fue de 74 millones de euros hasta 2021 y más de la mitad, el 55%, fueron gastos en equipamiento y material. Es decir, la cantidad distraída como consecuencia de una mala elección del equipamiento por ser de mala calidad o no adaptarse a las necesidades fue de el 16% del total.

El documento oficial de evaluación al que ha tenido acceso este periódico está fechado en abril de 2022 y se retrotrae al funcionamiento del proyecto GAR-SI SAHEL que encabezó Espinosa Navas por parte de la Guardia Civil española y que incluyó formación de efectivos policiales de los países africanos en Logroño. La evaluación apunta a que a nivel operativo, el proyecto fue satisfactorio en la lucha contra la criminalidad y el terrorismo en Senegal y Mauritania  y menos en Mali, Burkina Fasso y Níger, donde en ese tiempo hubo acciones de combate. También lo fue por lo que respecta a la formación de los efectivos en estos países. En todo caso, donde pone los reparos están en la compra de equipamiento, que fue el principal gasto del presupuesto asignado apoyar desde la UE la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el Sahel.

"No todos se adaptaron a las necesidades de contexto local", dice en un momento el documento. "La evaluación identificó trampas en la elección de equipamiento y materiales, sobre todo durante la primera fase de puesta en operación de los GAR-SI [las fuerzas de intervención]". Según señala, en este equipamiento se siguió el "modelo UAR/GAR español", que consistía en que se puso a disposición de las autoridades de cada país del Sahel una "lista estándar de equipamiento", que estos aceptaron con "más o menos satisfacción" y con modificaciones "menores".

Sin embargo, el informe señala que "se demostró que una parte no despreciable de estos equipamientos era bien de calidad insuficiente o bien no se adaptaban a las condiciones locales o culturales de utilización". "Elecciones poco adecuadas tuvieron incidencias no despreciables sobre la eficacia, operatividad y durabilidad de estos medios", apunta la evaluación. 

Asimismo, el inadecuado equipamiento que se adquirió siendo Espinosa Navas jefe del proyecto de la UE en el Sahel "provocó gastos desconsiderados que incidieron en la eficacia y el buen uso de los recursos, sin contar las pérdidas ocurridas y las necesidades de renovación".

La implicación de Espinosa Navas en este caso de corrupción que también salpica a expolíticos del PSOE en Canarias ha provocado cierto revuelo en Bruselas, donde la Comisión Europea tiene desde el año pasado un informe que pone en cuestión el destino de 12 millones de euros sin que de momento se haya elevado a ninguna instancia de lucha contra el fraude, como la OLAF.