El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado este martes el proyecto de Madrid Nuevo Norte (MNN), el mayor proyecto de regeneración urbana sostenible en Europa, al tumbar los nueve recursos interpuestos por diferentes asociaciones, empresas y particulares. Según el TSJM, la actual modificación "no altera la clasificación del suelo" y tampoco conlleva un aumento exponencial de la "edificabilidad para actividades económicas", según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso 20minutos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha desestimado así los recursos de Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Muñoyerro Desarrollos Urbanos y Propiedades Chamartín S.A, entre otros, que habían impugnado un acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 25 de marzo de 2020, que aprobó la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la capital en relación con la Prolongación de la Castellana y la Colonia Campamento.

Esta operación urbanística contempla la edificación de un millón de metros cuadrados residenciales y algo más de un millón y medio para oficinas. En total, se construirán unas 10.500 viviendas, de las que alrededor de un 20% gozará de algún tipo de protección. También se contempla la ampliación de la línea 10 de Metro con tres nuevas paradas y una estación de Cercanías. Está previsto que las zonas verdes ocupen unos 400.000 metros cuadrados y que se habiliten unos 14 kilómetros de carril bici y un centro de negocios señero en Europa. El pasado mes de noviembre comenzó el cubrimiento de las vías de la estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, que marcaba el inicio de las obras de este proyecto urbanístico.

Los demandantes solicitaban, en primer lugar, que se declarase nulo y se dejasen sin efecto los acuerdos adoptados por la Comunidad de Madrid cuando modificó el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, ya que, según su criterio, era una medida llamada a encubrir una revisión del planeamiento urbanístico de la ciudad que se fraguó, denunciaban, vulnerándose el principio del procedimiento. Sin embargo, el tribunal señala que el proyecto "siguió el procedimiento adecuado", ya que se trata de una "mera modificación del planeamiento vigente y no de una revisión", añade.

Los recursos también solicitaban la nulidad radical del acuerdo por haber sido fruto de un pacto previo entre ADIF/DCN y el Ayuntamiento de Madrid, algo prohibido en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). 

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Aquí los magistrados aseguran que "la intervención de DCN, beneficiario de los aprovechamientos urbanísticos de ADIF, que reconoce la propia introducción de la modificación recurrida y que condujo a la elaboración del documento de bases de 2017, no determina que nos encontremos en modo alguno ante un convenio de planeamiento, posteriormente materializado en la modificación".

Igualmente, los recurrentes planteaban una alteración del equilibrio entre edificabilidad y cantidad y calidad de las dotaciones. Estos sostenían que el desarrollo urbanístico no contaba con una evaluación ambiental o que se aprovechaba de los suelos actualmente afectados al dominio público ferroviario al colocar sobre ellos "una enorme losa de hormigón" en la que se implantará la mayor parte de zonas verdes.

La Sala sostiene que "el nuevo suelo que genera el cubrimiento del sistema ferroviario resulta inscribible, de conformidad con el Real Decreto 1.1 1093/1997, sobre la inscripción en el registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística".

Los magistrados apuntan que la actual modificación no altera la clasificación del suelo, no conlleva un incremento significativo de la edificabilidad para actividades económicas y prevé una superficie edificable destinada a viviendas de protección en torno al 20,78%, cuando en el planeamiento general precedente no se establecía una reserva mínima para este régimen de vivienda.

También exponen que integra una estructura ferroviaria con la construcción de una nueva estación intermodal que no supone un cambio en el modelo urbano de la ciudad de Madrid, ya que se contemplaba en el PGOUM de 1997 y su puesta en marcha tampoco supone un incremento de la población en el término municipal de Madrid superior al 20 por ciento.

Por lo tanto, los magistrados desestiman la alegación planteada al no incurrirse en infracción ni en desviación de poder, "encontrándose legal y urbanísticamente justificado el tratamiento que en la ordenación se atribuye a la llamada 'losa' de los suelos ferroviarios".

Celebración de la decisión judicial

La Comunidad de Madrid ha celebrado que el TSJM haya desestimado los recursos contra Madrid Nuevo Norte y haya avalado la aprobación definitiva del proyecto, además de destacar el "impulso" que supondrá para la región. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha destacado las actuaciones a la vanguardia del urbanismo sostenible que "servirán para mejorar la calidad de vida de miles de personas y atraerán un gran número de inversiones".

"Referente en el sur de Europa, servirá de guía en materia de regeneración de las ciudades para las próximas dos décadas y su éxito determinará en buena medida la posición de la capital de España a la hora de competir entre las grandes ciudades del mundo", ha indicado.

Por su parte, el delegado del área de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes (CS), se ha mostrado "satisfecho" por el respaldo de la Justicia al "necesario" proyecto de Madrid Nuevo Norte, que "cerrará una grieta" en el norte de la ciudad.

"Estamos plenamente satisfechos al desestimar los nueve recursos indicando de forma clara que el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad después cumplía los artículos establecidos en las leyes", ha expresado Fuentes en un audio remitido a los medios.

Además, quien fuera delegado de Desarrollo Urbano en el gobierno de Carmena y actual portavoz de Recupera Madrid y del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, ha aplaudido el respaldo judicial y lo ha interpretado como "un aval a la política urbanística del gobierno de Manuela Carmena".