Nuevo paso de la Justicia para seguir con la investigación a la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, por presuntamente presionar al fondo de inversión Vauras Investments con el fin de que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la "amenaza" de no concederle licencias de obras. Aunque en 2020 el caso no se admitió a trámite, el pasado abril la Audiencia Provincial de Barcelona estimó parcialmente un recurso de Vauras y lo reabrió, y ahora, ha ordenado citar a Colau a declarar. Lo ha explicado este martes la propia alcaldesa, que ha dicho que deberá comparecer el 13 de marzo, ante lo que ha asegurado estar "muy tranquila".

También han sido citados a declarar -tres días antes, el 10 de marzo-, el concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y la jefa de la Unidad Antiacoso de Disciplina de la Vivienda.

El caso se remonta a 2020, cuando la negativa de Vauras a ofrecer alquiler social a las seis familias vulnerables ocupantes del conocido como Bloc Llavors -en el número 38 de la calle Lleida- antes de desalojarlas en marzo de ese año, llevó al Ayuntamiento a multarle con 417.000 euros. Así lo establecía la ley catalana 17/2019 de medidas de emergencia habitacional.

El pasado mayo, un juzgado de lo contencioso-administrativo obligó al Consistorio a retirar las sanciones al considerarlas inconstitucionales. Y es que, aunque cuando se impusieron, las amparaba la ley catalana, el Tribunal Constitucional luego la anuló. A pesar de que las multas se retiraron por la vía contencioso-administrativa, sigue abierta la vía penal tras la decisión de abril de la Audiencia Provincial, para investigar si Colau cometió los delitos de coacciones, malversación y prevaricación.

La alcaldesa ha defendido este martes que el Consistorio actuó conforme a la ley y ha atribuido la querella de Vauras y otras similares de fondos inversores que han sido archivadas a que "por primera vez" el Ayuntamiento de Barcelona confronta "intereses especulativos". "Que nadie dude de que esto acabará archivado una vez más", ha dicho.

Además, ha acusado a Vauras de "mala praxis" al comprar en 2019 el Bloc Llavors y "hacer la vida imposible a los inquilinos" para que se fueran y así poder rehabilitar los pisos y alquilarlos más caros. También ha culpado al fondo de abusar del sistema judicial "para defender los privilegios de unos pocos a expensas de los derechos de la mayoría".

"Iremos a declarar muy tranquilos porque no tenemos nada que esconder", ha insistido Colau, que ha advertido a los "fondos buitre" de que el Ayuntamiento utilizará todas las "herramientas" a su alcance para "proteger a los vecinos de los abusos de poder y la especulación inmobiliaria".

Por otro lado, ha dicho que le sorprende que la citen "cerca de las elecciones", sin que ella esté relacionada con ninguno de los hechos. "Lo que buscan es conseguir titulares y la imagen de una alcaldesa que tiene que ir a declarar", ha señalado. En este sentido, el concejal de Derechos de Ciudadanía ha aseverado que Colau no intervino "en ningún momento" en el caso y no firmó ningún documento ni expediente.

Por su parte, la concejala de Vivienda ha asegurado que Vauras "acumula otros episodios de irregularidades" en la ciudad y "un histórico de prácticas especulativas muy agresivas". Ha puesto como ejemplo, entre otros, un caso de 2017, cuando los vecinos del número 37 de la calle Leiva denunciaron que el fondo les estaba "presionando" para que se fueran. Finalmente, el Ayuntamiento compró el inmueble.

Martín también ha subrayado que aunque el Constitucional suspendió durante un tiempo la ley catalana de emergencia habitacional, ahora "vuelve a estar vigente". Por ello, ha dicho, en 2022 el Ayuntamiento tramitó "una cuarentena de expedientes sancionadores" a grandes tenedores por "no ofrecer alquiler social" a familias vulnerables.