La ley de Vivienda es una de las cosas pendientes que tiene el Gobierno de coalición de aquí al final de la legislatura, y además genera fricciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Mientras, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) ha cargado contra los planteamientos de Belarra, que en declaraciones a la Sexta aseguró que las inmobiliarias no deben cobrar honorarios a los inquilinos, y además la asociación identifica otro de los problemas que, a su parecer, se dan en España: falta alquiler social.

"El Gobierno junto con las distintas comunidades autónomas y los ayuntamientos deben impulsar el alquiler de vivienda protegida y social y dejar de intervenir el mercado del alquiler", dicen, porque haciendo eso lo que pretenden es que "los particulares sustituyan la función público social de las distintas administraciones y sometiendo a la propiedad privada y a los arrendadores a un sistema rígido de regulación y limitaciones de precios de alquileres y sus actualizaciones". 

Ese modelo, añaden "solo crea inseguridad jurídica, especulación y escasez de oferta, como se ha demostrado en Cataluña con las medidas adoptadas por el Govern". Asimismo, según los datos publicados por Idealista España está a la cola de Europa en lo que se refiere a la vivienda social, con una media del 2,5% mientras Europa está en bastante más del triple -9,3%-.

El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en su último informe, correspondiente al 2020, recuerda que "en cuanto a las calificaciones definitivas puede observarse cómo, salvo excepciones como las de Cantabria, Navarra, Cataluña o País Vasco, con una pequeña cantidad de vivienda protegida en régimen de alquiler, la proporción en los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) es prácticamente inexistente en la mayoría de comunidades autónomas".

Por otro lado AMADEI se refiere también a la propuesta de Belarra de que las inmobiliarias no puedan cobrar honorarios. "Es otra medida populista más que carece de razón de ser y atenta contra la libertad de pactos o contractual, algo que ya se dedujo en su momento y de ahí que la normativa sobre alquiler haya establecido que únicamente el inquilino no abone estos gastos cuando el arrendador es una persona jurídica", sentencian.