El gobierno municipal del Ajuntament de Barcelona ha retirado del orden del día del pleno en el último minuto la aprobación definitiva del Plan de usos del Eixample. La teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, ha tomado la decisión después de constatar que su proyecto de nueva normativa para otorgar licencias en L’Eixample no tenía los apoyos necesarios para salir adelante.
Janet Sanz ha pedido “responsabilidad” y ha vuelto a remarcar que el plan de usos cuenta con el aval de las asociaciones de vecinos y de comerciantes de las zonas afectadas. El debate generado antes de la retirada de la aprobación del proyecto, ha acabado profundizando la brecha que desde hace dos semanas se abrió por la negociación de esta reglamentación.
El grupo socialista ha vuelto a insistir en su voluntad y en la necesidad de seguir trabajando para poder presentar un plan de usos consensuado en el que se haya practicado “cirugía fina”, según reclama la regidora del PSC Laia Bonet. La nueva redacción del plan de usos comerciales se presentará a aprobación en el próximo pleno de febrero.
La teniente de alcalde, Janet Sanz, había insistido en los últimos día que el pleno de hoy era la última oportunidad para que la nueva reglamentación entrase en vigor antes de que la moratoria de suspensión de licencias acabe el próximo 11 de marzo, momento en el que la libertad para otorgar licencias de actividad será totalmente libre. El resto de grupos considera que aunque el plan se apruebe en el pleno de febrero, hay tiempo para que esté en vigor el próximo 11 de marzo.
El Plan de usos de L’Eixample que quería presentar Janet Sanz limita la apertura de bares, restaurantes, discotecas y supermercados de conveniencia con unos requisitos rígidos en las calles pacificadas de L’Eixample y en sus entornos, y otra más laxa en el resto de calles. Hace dos semanas, Janet Sanz, de BComú, presentó junto a la regidora Laia Bonet, del PSC, el que parecía ser una proyecto de regulación pactado entre las formaciones que componen el gobierno municipal.
Sin embargo, las discrepancias no se hicieron esperar, y al final de la rueda de prensa de presentación, ya se dieron versiones contradictorias. Mientras desde los Comunes se afirmaba que la regulación más estricta afectaba a cerca de 40 calles del distrito, las pacificadas y las que están en su entorno, desde el PSC se limitaba esta reglamentación más rigurosa a solo 11 calles.
Este desacuerdo se tradujo una semana después en el voto contrario del PSC a la aprobación provisional de un plan que en principio habían pactado las dos formaciones. Las negociaciones siguieron, pero no se ha logrado llegar a un acuerdo, situación escenificada el pasado miércoles con la presentación de una propuesta propia por parte de la teniente de alcalde Janet Sanz, donde se aceptaban pequeñas modificaciones al plan original, y una contrapropuesta por parte de Laia Bonet, con la discrepancia principal de no aceptar que todo el Barri de Sant Antoni esté regulado por la norma más estricta, y propone que calles como Sepúlveda, por ejemplo, salgan de esta protección más rigurosa.
Pleno extraordinario para votar el plan
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que convocará un pleno extraordinario "en los próximos días" para votar el Plan de Usos del Eixample, después de que se haya debatido en el pleno de este viernes y se haya aplazado la votación ante la falta de apoyos.
En declaraciones a los periodistas tras debatirse el plan, la primera edil ha calificado de "insólito" que el PSC se haya desmarcado de la aprobación del proyecto, y ha trasladado un mensaje de confianza --ha dicho-- a vecinos y comerciantes.
En ese sentido, ha afirmado que el plan llegaba al pleno con el consenso de entidades vecinales y comerciales, por lo que ha mostrado su "perplejidad" al haberse aplazado la votación.
"Me parece insólito que la misma semana que el presidente del grupo socialista y primer teniente de alcaldía ha anunciado que abandona el gobierno, la misma semana en el pleno el PSC vote en contra de una propuesta de gobierno", ha lamentado.
Lo ha definido como un mal precedente, que enmarca en la proximidad de las elecciones, y ha pedido un ejercicio de responsabilidad y reflexión: "Un partido de gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y tejer consensos y se tiene que trabajar al servicio de los vecinos".
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