El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional ha acordado inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros sobre el protocolo para embarazadas y ha argumentado que no se ha producido ningún acuerdo en este sentido que vulnere la legislación vigente.

En concreto, con el informe favorable de los servicios jurídicos, la Junta de Castilla y León ha emitido un escrito de contestación al Gobierno central en el que se insistió en "la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento", al entender que no hay modificación alguna del protocolo que afecta a la Ley del Aborto.

Carriedo ha señalado que el Estado "pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas", en relación a las explicaciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre este protocolo que él denominó 'provida'. Además, ha asegurado que no existe un "conflicto de competencias".

El Gobierno contesta a Castilla y León sobre el protocolo para evitar abortos: "Los requerimientos no se inadmiten, se contestan"

No se discute la titularidad, sino el ejercicio

Otro de los puntos que destaca la Junta es que, pese a tratarse de un requerimiento de incompetencia, el Gobierno no discute la titularidad de la competencia, sino su hipotético ejercicio por parte del Ejecutivo autonómico, por lo que ha defendido que esta inadmisión es la contestación oficial al requerimiento. 

Esto aboca el conflicto al Tribunal Constitucional, con argumentos dados con una "voluntad torticera y espuria", según figura en el comunicado difundido este jueves por la Junta. Este cree que el Gobierno únicamente busca una "controversia política" en un momento preelectoral como el actual. 

El portavoz ha pedido al Gobierno que "desista de seguir cualquier procedimiento". Entiende que el asunto de las medidas para prevenir abortos anunciadas hace una semana por el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), está "aclarado perfectamente" por la declaración institucional del pasado lunes, por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP).