El año 2022 y el inicio del 2023 han sido funestos para la seguridad de los policías nacionales, como lo demuestran las constantes informaciones periodísticas que dan cuenta de graves agresiones a policías cuando se producen detenciones o cuando en el curso de investigaciones, particularmente en zonas del sur de España –Málaga y Cádiz–, se registran graves incidentes delictivos, que ponen en riesgo la vida o la seguridad de los agentes.

El pasado 16 de diciembre de 2022 varios cientos de policías se manifestaron a la puerta de los juzgados de Plaza Castilla en Madrid para solicitar que se archivara la causa contra los tres agentes que en una intervención realizada en Vallecas se vieron amenazados de muerte y tuvieron que usar un arma reglamentaria para repeler la agresión, que se produjo con una violencia inusitada.

El primero de enero de este mismo año un policía fue atacado en similares circunstancias pudiendo reducir al agresor, que usó un cuchillo de gran tamaño y una defensa extensible contra los agentes. Días después, un agente de la Policía Nacional fue apuñalado en Valladolid, después de que una mujer pidiera auxilio por violencia de género y el denunciado la emprendiera a machetazos contra el agente que acudió en auxilio de la víctima.

Nuestra experiencia policial, que no es tomada en cuenta para la adopción de decisiones drásticas y operativas, nos enseña que la criminalidad del siglo XXI ha cambiado radicalmente, debido, entre otras razones, a las capacidades tecnológicas existentes, que permiten el acceso a conocimientos punibles con aplicaciones prácticas. Hoy en día internet se ha convertido en un escaparate donde se intercambia todo tipo de información sensible; incluso experiencias delictuales, como el caso de las bandas juveniles, que fabrican pistolas con impresoras 3D o publican manuales de falsificación e, incluso, manuales de explosivos caseros.

Frente a esta ofensiva exponencial de los delincuentes, los criminales, los policías carecemos de suficientes recursos para hacerles frente. Es imprescindible la revisión de los Principios Básicos de Actuación que datan del año 1986, junto a un protocolo urgente de 'uso de la fuerza ante incidentes violentos' y la renovación acelerada del Plan Nacional de Tiro.

Los policías carecemos de suficientes recursos para hacer frente a los delincuentes

Para aplicar la proporcionalidad en la legítima defensa, hemos reclamado insistentemente la dotación de pistolas Taser –con cámara de grabación incorporada– para todos los agentes de policía que se encuentren operativos en la vía pública.

Un Policía Nacional es apuñalado en el cuello al acudir a un presunto caso de violencia de género en Valladolid

A la escalada de violencia que detectamos en nuestras intervenciones cotidianas, hay que sumar un 'mar de fondo' que lastra nuestra actividad en el día a día, envalentonando a los agresores y provocando que las intervenciones deban ser más contundentes y peligrosas.

Me refiero a la falta de reconocimiento del principio de autoridad por una parte minoritaria de la sociedad, que –esto es lo preocupante– está radicalizándose y que podría enquistarse si las autoridades –Ministerio del Interior y Gobierno– siguen sin reconocer expresa y públicamente nuestra contribución a la seguridad y el bienestar de los españoles, en una actitud cicatera que contrasta con el elevado reconocimiento mayoritario que sitúa a la Policía Nacional en cabeza de las instituciones más valoradas de España.