La Fiscalía Anticorrupción acusa al juez Manuel Peñalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, responsables de la instrucción del caso Cursach de 2015 a 2018, de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia, delitos por los que pide penas de presión que suman casi 224 años.
Así se recoge en el escrito de acusación planteado por Anticorrupción ante la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que juzgará al juez y el fiscal, que fueron apartados de sus funciones y están actualmente jubilados.
Peñalva y Subirán fueron los responsables principales de la investigación de la presunta trama corrupta en torno a las actividades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach. En el caso también estaban implicados un grupo de policías que presuntamente le favorecía, supuestos delitos de los que todos los acusados fueron absueltos por la Audiencia de Palma.
Cuatro policías implicados
Además de la juez y al fiscal, la Fiscalía Anticorrupción acusa de delitos similares a cuatro policías que trabajaron a sus órdenes en la instrucción de la causa y en otros procedimientos impulsados por el mismo juzgado, como los conocidos como caso ORA I y II. En total, las penas de cárcel que solicitará en el juicio la acusación pública contra los seis procesados suman 576 años.
En el escrito firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo se describen hasta 27 casos de filtraciones a los medios de comunicación de información. También se incluyen actuaciones propias de la investigación del caso Cursach y de los casos ORA, que estaban declaradas secretas por el juzgado de instrucción 12 de Palma, que dirigió Penalva.
Los acusadores públicos relatan que en un chat de Whatsapp que compartían se pusieron de manifiesto estas filtraciones. Los acusados las persiguieron, y además no solo no persiguieron, como era su deber legal, sino que ejecutaron y utilizaron para dirigir la investigación en un sentido preconcebido y pactado.
Detenciones ilegales
Asimismo, Anticorrupción considera ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma. Entre estas se encuentran altos cargos municipales y un empresario a quienes el juez instructor consideró presuntamente responsables de un supuesta adjudicación irregular del servicio de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad, una causa que finalmente acabó sobreseída. Dos de estos detenidos fueron enviados además a prisión provisional.
Igualmente, les acusa de detener ilegalmente a los padres y el hermano del exconcejal de Palma y exdiputado del PP Álvaro Gijón, a quien investigaban después de que un testigo protegido le hubiese atribuido el cobro de una comisión por una adjudicación del consistorio. Este caso también acabó archivado.
El ministerio público achaca también a los procesados presiones a detenidos, personas investigadas y testigos en el caso Cursach y en otros de los procedimientos que instruía en juzgado 12 de Palma con la intervención de los mismos agentes de la Policía Nacional.
Elevadas penas
La mayor petición de pena de la Fiscalía es la que se plantea para Subirán, que asciende a 113 años y 9 meses de cárcel; para Peñalva, solicita 110 años de reclusión, mientras que las de los policías van de los 71,5 años a los 103 años.
En la sentencia absolutoria que dictó el pasado diciembre la sección primera de la Audiencia de Palma por el caso Cursach, el tribunal ordenó que se investigara si el juez Manuel Peñalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán cometieron delitos durante la instrucción.
De esta investigación, derivada de las manifestaciones de acusados y testigos durante la vista, podrían derivarse nuevas acusaciones además de las contempladas en el escrito de Anticorrupción hecho público este lunes.
De hecho, los abogados de Cursach y de su "mano derecha", Bartolomé Sbert, anunciaron tras conocerse su absolución que pedirán para los responsables de la instrucción elevadas penas de cárcel e indemnizaciones millonarias.
'Tolo' Cursach
La resolución del caso trae también de vuelta al protagonista de toda la trama, Bartolomé Cursach, más conocido como 'Tolo'. Este empresario del ocio nocturno contaba con un gran poder en Islas Baleares, donde era un rey. Según el Registro Mercantil, tenía en su propiedad al Grupo Cursach, un holding compuesto por hasta 37 sociedades gestionadas por un oscuro entramado de mercantiles que no registraban trabajadores ni cuentas sobre su actividad.
Toda esta actividad empresarial fue llevada a cabo con una serie de ayudas importantes. Cursach tenía a las autoridades comiendo de su mano, pues estuvo más de veinte años beneficiándose del privilegio de una gran protección policial y política. Finalmente, fue detenido durante una operación anticorrupción en febrero de 2017.
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