La fiscalía pide 8 años y medio de prisión y 16 de inhabilitación para cuatro mossos d'esquadra acusados de agredir y detener ilegalmente a un joven en noviembre de 2020 en una calle del barrio del Raval de Barcelona durante el toque de queda nocturno por la Covid. 

Una vecina grabó la polémica actuación policial desde su balcón. Los agentes están acusados de delitos de lesiones, detención ilegal, atentado contra la integridad moral y falsedad documental y también se enfrentan a una multa de 8.100 euros cada uno y a una indemnización de 3.400 euros para la víctima. La acusación popular pide 15 años y medio de prisión y 22 de inhabilitación, 20.000 euros de indemnización y 6.480 euros de multa.

Se trata del caso de I.H.. Hacia las 23.30 horas del 13 de noviembre, una patrulla de Mossos d’Esquadra lo paró, junto con un grupo de amigos en la calle, cuando regresaban a casa más tarde de lo que permitía el toque de queda en aquel momento. Unos minutos antes, a uno de sus amigos le habían robado 5 euros al querer comprar una bebida, y el afectado pidió a uno de los agentes que persiguiese a la persona en lugar de inquirirlos a ellos, que en esos momentos ya les habían mostrado la documentación y estaban retenidos contra una pared. En respuesta, el caporal le propinó una bofetada y lo tiró al suelo, lo arrastró y lo inmovilizó. El chico se dio un golpe en la cabeza.

El afectado fue detenido bajo la falsa acusación de haber propinado una patada al caporal e intentar darle un cabezazo, hechos que no sucedieron, tal como muestra el vídeo del momento

Cuando el afectado gritó para pedir ayuda, los otros tres agentes acusados  se añadieron a la supuesta agresión, manteniendo la inmovilización durante diversos minutos y en ningún caso impidiendo esta actuación "desproporcionada", según Irídia, que hace de acusación popular. 

En aquellos momentos, mientras que era inmovilizado en el suelo, los agentes lo habrían vejado diciéndole al oído frases como "eres escoria, una mierda". Además, el afectado fue detenido bajo la falsa acusación de haber propinado una patada al caporal e intentar darle un cabezazo, hechos que no sucedieron, tal como muestra el vídeo del momento. 

En concreto, los agentes redactaron en la minuta que “había un grupo de tres personas sudamericanas, alteradas, agresivas, gritando a los agentes y desobedeciendo sus indicaciones”. Irídia considera que esto muestra que los hechos tuvieron un claro componente racista.

Los hechos provocaron diversas lesiones físicas a la víctima, como tres dientes parcialmente rotos, así como un cuadro de sintomatología post-traumática que requirió de terapia semanal los dos meses siguientes.

Los cuatro agentes fueron investigados por la Unidad de Asuntos Internos o DAI (Divisió d'Afers Interns) y apartados provisionalmente de la unidad ARRO de la que formaban parte.

En un primer momento, la abogada de oficio que ejerce como acusación particular interpuso una denuncia por los hechos, y más tarde Irídia se añadió como acusación popular. Cabe destacar que de entrada el juzgado de instrucción impuso a Irídia una fianza de 50.000 euros para poder ejercer la acusación popular. El centro de derechos humanos recurrió este hecho a la Audiencia de Barcelona, que acabó fallando a su favor, al considerar que fianzas como esta quieren bloquear y dificultar que entidades de derechos humanos puedan participar en este tipo de procedimientos.

Tras la fase de instrucción, el juzgado ha decidido archivar la denuncia contra el joven, al verse probado que en ningún caso agredió a los agentes, ni se mostró agresivo ni desobedeció. Hay que destacar, no obstante, que mientras que esta denuncia se estaba investigando se han causado graves perjuicios al joven, ya que ha tenido problemas a la hora de renovar sus papeles, ya que durante este tiempo le han constado antecedentes policiales. Por contra, el juez ha decidido aceptar la denuncia contra los agentes, que irán a juicio.

Este es el primer caso en el que actúa Irídia como acusación y que llegará a juicio por falsedad documental, dándose a entender que se incluyó información falsa en el atestado policial para justificar una actuación policial violenta. Desde la acusación popular, piden un total de 15 años de prisión y 22 de inhabilitación por los mismos cuatro delitos que la fiscalía.

Irídia también destaca que hasta ahora, en los casos en los que la entidad actuaba como acusación, el ministerio fiscal "siempre había tenido un papel de inacción o incluso de oposición a la investigación, pidiendo que se archivasen directamente las diferentes denuncias interpuestas por casos de violencia policial". 

En 2021, el último del que se tienen datos, de los 56 casos en curso que llevaba Irídia solo en tres la fiscalía tuvo un papel proactivo al fomentar la investigación o acusación, uno de ellos este, según la entidad. 

Esta cifra contrasta con los 27 casos en los que el ministerio fiscal tuvo "un rol contrario a la práctica de una investigación exhaustiva y eficaz de los hechos denunciados", se opuso a la personación de la acusación popular o pidió la absolución del acusado aún habiendo pruebas contundentes, según la entidad. En el resto de casos, 26, el rol del ministerio fiscal fue de "inactividad", según Irídia.