El goteo de rebajas de condenas por aplicación de la conocida como ley del 'solo sí es sí' no deja de crecer. Ya son más de 130 los casos que han revisado tribunales de toda España, por lo que ministros del Gobierno siguen teniendo que contestar a la pregunta sobre posibles modificaciones en el texto. Este miércoles ha sido la portavoz, Isabel Rodríguez, quien ha insistido en lo que ya ha manifestado el Ejecutivo en varias ocasiones: no descartan "valorar cualquier acción" en los próximos meses.

Unos cambios que, de producirse, se añadirían al que el Gobierno introdujo hace ya un mes -y que entra en vigor en estas fechas-, pero que, en realidad, no tiene fuerza normativa, pues se trató de un nuevo párrafo en la exposición de motivos de la norma en el que se expresa cuál es la voluntad del legislador a la hora de aplicar reformas del Código Penal como la que plantea esta ley.

"Ya en el Parlamento se ha introducido una enmienda en esa dirección y el Gobierno está muy pendiente de la aplicación de la norma y del trabajo de los tribunales, especialmente del Tribunal Supremo, para poder valorar cualquier otra acción", ha admitido Rodríguez en una entrevista en RNE.

Y, de hecho, ha evitado en todo momento reconocer si existe algún error en la norma impulsada desde el Ministerio de Igualdad. "Hay antecedentes en la jurisprudencia española, respecto a la aplicación del Código Penal y en sus disposiciones transitorias, que es lo que en algunos casos se está teniendo en cuenta, y el Gobierno insiste en cuál es la dirección de una ley cuyo un objetivo es estratégico para proteger a las víctimas", se ha limitado a responder, en referencia a los casos en los que los tribunales no han aplicado la ley más favorable al reo, sino la disposición transitoria quinta del Código Penal que implica que si la condena impuesta está contemplada en la horquilla de penas de la nueva normativa, no se modifica.

La portavoz se ha dedicado entonces a valorar el contenido de esta ley y lo que implica. Así, ha ensalzado "el esfuerzo para proteger a las víctimas de agresión sexual que antes tenían que demostrar esa agresión y ahora puede obtener ayudas y acompañamiento". Por eso, ha pedido que no se "frivolice" sobre el tema.

"Conviene que seamos muy firmes y contundentes en estas cuestiones. La violencia de género está ahí, está matando a mujeres, todos debemos ser contundentes y el Gobierno trabaja para potenciar, con todos los instrumentos del Estado, desde la protección policial a la intervención de los jueces, la protección de las mujeres", ha insistido.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual entró en vigor el 7 de octubre de 2022 y desde entonces y hasta que terminó el año se produjeron más de 130 rebajas de condena para delincuentes sexuales. En casi una veintena de casos, esa reducción de pena conllevó la libertad provisional para el condenado, según Europa Press.

Por este motivo, han sido constantes los llamamientos y las críticas llegadas desde los partidos de la oposición, que han exigido desde cambios en la norma hasta la dimisión o cese de la ministra Irene Montero. Este miércoles no ha sido una excepción. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de seguir "enrocado" por "soberbia, insolvencia o mala fe" en mantener la ley tal y como está a pesar de las rebajas de condenas.

Para el dirigente popular, las más de 130 reducciones de penas y los 17 excarcelados son los datos "de la vergüenza", y ha asegurado que su partido seguirá actualizándolos para que al Gobierno "se le mueva la conciencia y hagan lo que tengan que hacer porque es un absoluto insulto, especialmente a las mujeres".