Yo me lo guiso, yo me lo como.

En mi mundo, diccionario en mano, prevaricar es un “delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta” (RAE). Bien. Ahora, juzguen ustedes: dos jueces del Tribunal Constitucional, con mandato caducado, son recusados para poder decidir sobre su substitución. Los mismos jueces votan contra la recusación y ganan. Bonito, ¿verdad?

No sé si los que cada día hablan del imperio de la ley y del estado de derecho se dan cuenta de hasta qué punto se está desprestigiando la justicia española. El Partido Popular lleva cuatro años bloqueándolo todo. Y, encima, los jueces recusados, en vez de inhibirse como sería lo propio, votan en cuestiones que les afectan directamente. Y me da exactamente igual que sean los azules, los rojos, los amarillos, los verdes o los del arco iris. Es igual.

El Tribunal Constitucional actúa o debería actuar a posteriori. Hacerlo preventivamente es atentar contra el Parlamento, que es el pueblo"

¿Que el gobierno lo podría haber hecho mejor? Sin duda. Pero que el Tribunal Constitucional, con cuatro de sus miembros con mandato caducado, condicione la soberanía nacional suspendiendo la tramitación de dos enmiendas parlamentarias que modifican el sistema de elección y validación de magistrados en el Consejo General del Poder Judicial y en el propio Tribunal Constitucional, es impedir votar a los representantes de la voluntad popular. Y eso, lo miren como lo miren, es gravísimo. Es una nueva injerencia judicial, un ataque directo a la separación de poderes. Es el enésimo intento del Partido Popular de ganar en los tribunales lo que no puede ganar en las urnas.

El Tribunal Constitucional actúa o debería actuar a posteriori. Hacerlo preventivamente es atentar contra el Parlamento, que es el pueblo.

El Partido Popular vuelve a politizar la justicia como hizo con el Estatut el 2010, que fue votado por el Parlament, por las Cortes y aprobado en referéndum. Y de ahí hasta lo que vivimos el 2017.