La Oficina de Derechos Lingüísticos ideada por el Botànic para combatir a través de denuncias la discriminación hacia los valencianohablantes frente a administraciones públicas o comercios y que tumbó en su mayor parte el Tribunal Supremo (TS) por falta de garantías volverá a tener una segunda oportunidad. Los grupos que conforman el Consell presidido por Ximo Puig (PSPV, Compromís y Unides Podem) han incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2023, cuyo debate y votación se inicia este martes, este organismo. El PP lo tacha de "policía lingüística" y ya ha avanzado que lo derogará si gobierna y que incluso baraja la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad frente a lo que considera un "fraude legislativo".

Hace algo más de un año, el Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que tumbó, a raíz de una denuncia del PP, 12 de los 16 artículos del decreto que regulaba esta oficina ideada desde la Conselleria de Educación, en manos de Compromís, de la que depende la política lingüística. A apenas cinco meses del fin de la legislatura y, por tanto, de las elecciones autonómicas, el Consell ha optado por elevar la iniciativa al rango de ley, y en concreto ha apostado por incluirla en la de Acompañamiento de los Presupuestos.

Primer intento del Botànic

Los reparos que pusieron los tribunales al primer intento del Botànic tienen que ver con la capacidad de denunciar a una entidad por parte de un ciudadano, ya que en la práctica se impedía a los denunciados recurrir o impugnar una queja ante la oficina. Con la nueva norma, cuando se presente una queja, la oficina la tendrá que remitir a la administración entidad afectada. En el caso de que los denunciados sean la Administración del Estado y personas jurídicas, la oficina "ofrecerá su asesoramiento mediación, y podrá, en su caso, formular las recomendaciones y aconsejar buenas prácticas en materia de derechos lingüísticos".

La vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura del PPCV, María José Ferrer San Segundo, anunció hace un mes, cuando el Botànic planteó la iniciativa, que este partido "derogará" la norma si accede al Consell y que "seguirá defendiendo la legalidad contra la imposición de la Oficina de policía lingüística reactivada sorpresivamente por Ximo Puig" en la ley de Acompañamiento, "una norma prevista para cuestiones presupuestarias".

Ámbito de aplicación

Esta nueva regulación "se extiende no solo al conjunto de la Generalitat", sino también a las universidades públicas, las Administraciones Locales y la del Estado incluyendo la de Justicia, e incluso a las personas jurídicas de naturaleza privada. Para la vicesecretaria popular, la norma de "comisariado lingüístico" pone el foco "en la lengua utilizada en comercios o establecimientos de consumo o de turismo de carácter privado, pudiendo declarar esta Oficina la vulneración de derechos lingüísticos, sin establecer la posibilidad de audiencia, defensa y recursos del presunto vulnerador, al que se señalará en una memoria anual de carácter público".

En este sentido, Ferrer San Segundo considera que "incluso se legitima para presentar quejas a personas jurídicas privadas, en nombre de personas físicas sin autorización siquiera de estas".

Según la también concejala en el Ayuntamiento de València, el PP "no va a tolerar este nuevo fraude legislativo del Consell de Ximo Puig, que no escucha ni respeta a los tribunales, y que lo que pierde ante la Justicia lo vuelve a intentar infringir con nuevas trampas regulatorias, deslegitimando al poder judicial y despreciando el principio de separación de poderes". La dirigente popular avanzó entonces que el PPCV está estudiando ya las acciones para defender de nuevo la legalidad, "mediante recurso de inconstitucionalidad con la firma de 50 diputados o senadores e incluso instando al TSJCV a que presente cuestión de inconstitucionalidad".

"No queremos que nos impongan modelos de ‘inmersión vigilada’ copiados de otros territorios, como Cataluña, donde el resultado no ha sido la convivencia pacífica de lenguas -que para la mayoría de los valencianos es la regla y no la excepción- sino la imposición y la división. Porque la Comunitat Valenciana es tierra de bilingüismo cordial y respeto: a todos, y en libertad", añadió Ferrer San Segundo.

Requisito lingüístico, salvo en Sanidad

En paralelo, hace unas semanas PSPV y Compromís sellaron un acuerdo para la implantación del requisito lingüístico para el acceso a la función pública, salvo en el caso de Sanidad, si bien desde la coalición apuntan a que se podría abordar la próxima legislatura (si se repite la fórmula del Botànic). En el ámbito sanitario, la discordia está en el baremo de méritos ideado por Sanidad para la consolidación de plazas. Desde el Colegio de Médicos de Valencia exigen "sentido común" para que un título de la lengua propia no puntúe como una tesis doctoral.

Semana clave para las Cuentas

El Parlamento valenciano vive desde hoy tres jornadas decisivas con el debate y votación del texto definitivo de los Presupuestos de la Generalitat para 2023 y de su Ley de Acompañamiento. Esta última es la primera que abordará a partir de este martes el pleno, mientras el texto presupuestario (con las enmiendas aprobadas) se incluye en el último punto del orden del día, de tres jornadas y que concluirá el jueves 22 de diciembre.