Asistimos en estas últimas semanas a una nueva oleada de ataques furibundos e irracionales por parte de la derecha política y mediática española contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. La aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, por amplia mayoría del Congreso, son la verdadera razón de esta reacción agresiva por parte de la oposición, en vista de la estabilidad lograda por el presidente del Gobierno a base de diálogo, entendimiento y la búsqueda de mayorías suficientes en el Congreso.

Las polémicas de las últimas semanas en materia de normativas que deben ser objeto de unificación interpretativa por parte del Tribunal Supremo, o de cesión de competencias reconocidas por la Constitución a determinadas comunidades autónomas, son simples y meras excusas. Y lo son porque lo que realmente le molesta al PP y a sus socios y amigos de la ultraderecha es que el Gobierno de coalición no solo resiste, sino que sigue cumpliendo su programa electoral y mantiene en pie una agenda social ambiciosa que tiene un solo objetivo: hacer de la sociedad española un ejemplo en materia de desarrollo social, solidaridad e igualdad.

Sin embargo, no podemos obviar que, en esa alocada carrera, la oposición política ha tomado un camino muy peligroso. El camino de negar la legitimidad a un Gobierno elegido por un parlamento emanado de la voluntad popular, expresada libre y de manera democrática en unas elecciones sin ningún tipo de tacha. 

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Los últimos epítetos dedicados al presidente del Gobierno, refiriéndose a él como “dictador”, no solo son una bajeza, sino un llamamiento a negarle su condición de mandatario constitucional ante el pueblo. Toda una irresponsabilidad que inflama a nuestra sociedad y asienta los discursos radicalizados e intolerantes que encuentran en Internet y las redes sociales unos altavoces perfectos.

Un Estado de derecho no solo se basa en la existencia de un poder elegido democráticamente, sino también en el ejercicio de ese mismo poder con respeto a las leyes y las instituciones. Eso también atañe a la oposición política, que tiene derecho a la crítica como es lógico, pero asimismo tiene el deber de contribuir, de construir, y no dedicarse a la permanente deslegitimación pública del Gobierno por el mero hecho de no ser capaz de ganar elecciones.

Es incomprensible que un partido que aspira a gobernar, como el que dirige (mal) Núñez Feijóo, se lleve las manos a la cabeza con la completa transmisión de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, cuando fue un presidente del PP, José María Aznar, el que dio los primeros pasos en ese sentido hace décadas.

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El PP no reconoce ahora que pactar, consensuar y llegar a acuerdos con diferentes fuerzas políticas democráticas es legítimo. Al líder popular deberíamos recordarle que el mismo expresidente Aznar, que también alcanzó pactos con partidos nacionalistas, dijo en 1996 que “la independencia vasca es legítima si no se impone por la fuerza”.

Es lamentable que los populares apelen a la Unión Europea, otra vez, al objeto de que castiguen a nuestro país por la aprobación de una normativa que pretende normalizar el gobierno de la Justicia y cumplir con la Constitución, cuando hace años que el PP bloquea por sistema la renovación de los organismos competentes en la materia.

Es lamentable que los populares apelen a la Unión Europea, otra vez, al objeto de que castiguen a nuestro país

Y en este sentido, debemos señalar la peligrosa deriva tomada por el Tribunal Constitucional, órgano pendiente de renovación desde hace años, que de manera increíble olvida en estos días que la soberanía del pueblo español reside en el Congreso de los Diputados, y cuyo comportamiento es pura y simple ingeniería antidemocrática, de fondo y de forma.

Lo dijo claro y meridiano mi compañero Felipe Sicilia en el último debate parlamentario: “Hace 41 años la derecha quiso parar un Pleno del Congreso y parar también la democracia, lo hizo con tricornios. Hoy han querido volver a hacerlo con togas”.

Para los populares, ahora no se puede modificar el Código Penal, cuando ellos sí lo hicieron en 2015 aprovechando su mayoría absoluta, en contra del resto de grupos políticos, y con un informe contrario del Consejo General del Poder Judicial.

A la derecha política de este país, que actúa como una banda que no acepta estar en la oposición, siempre le ha parecido que tiene el monopolio de la legitimidad democrática

¿Por qué no recordar también la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supuso cambios de los tiempos para investigar la corrupción y, además, pusieron a la policía a tapar sus corruptelas como en el “caso Kitchen”?

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La realidad es que a la derecha política de este país, que actúa como una banda que no acepta estar en la oposición, siempre le ha parecido que tiene el monopolio de la legitimidad democrática, y que sus escaños valen más que los de los demás.

No es posible construir un Estado de derecho si los mensajes políticos que se lanzan de manera sistemática están basados en el menosprecio del propio sistema que se pretende defender. Ese camino solo tiene un final, el mismo que aplicó el trumpismo en los Estados Unidos: confrontación, división e intentonas golpistas. Lo hemos visto con debates parlamentarios plagados de insultos y frases malsonantes que no dignifican las instituciones, amenazas a diputados y diputadas socialistas, o grupos de WhatsApp de extremistas en los que se anima a “fusilar a media España”.

Por eso es importante que este Gobierno siga defendiendo los intereses de España, a pesar de la guerra en Ucrania y la inflación, para seguir superando esta crisis mucho mejor que otros países de nuestro entorno. A las derechas enloquecidas hay que responderles con propuestas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y mantengan a España en la vanguardia de los derechos sociales.

Dice Rigoberta Menchú, luchadora incansable por los derechos de las minorías, por la paz y la libertad, que “la democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende”.

Y es ahí donde debe estar toda la ciudadanía, defendiendo este sistema de libertades que tanto trabajo, esfuerzo y sacrifico nos costó poner en pie, y sin caer en el miedo que pretenden imponernos estos voceros de la catástrofe. Porque es una responsabilidad de todos y de todas y porque con la concordia y el debate sereno, avanzaremos más y mejor.