El juzgado ha suspendido el desahucio de una familia con tres hijos menores en el barrio de Sants de Barcelona previsto para este martes, después de que el Ajuntament le enviara una carta con la petición. Además, da la prórroga de un mes para encontrar una solución estable, según informa el consistorio.

El Ajuntament ha ofrecido a la propiedad, una empresa del fondo de inversión Cerberus, incorporar el piso al programa municipal de captación de viviendas privadas, que gestiona la Fundació Hàbitat3 y que garantiza el cobro del alquiler al precio de índice de referencia. La regidora de Vivienda, Lucia Martín, asegura que la situación reúne todos los requisitos para que se pueda dar esa solución a la familia.

El consistorio recibió esta mañana la decisión la decisión del juzgado para dar una prórroga a las negociaciones entre las partes. Martín ha explicado ante los periodistas que la nueva fecha prevista, dentro de un mes, será "improrrogable" y espera tener una respuesta de la empresa propietaria en los próximos días, ya que las conversaciones continúan, ha asegurado.

La regidora advierte que la familia se encuentra en "una situación de mucha vulnerabilidad económica y social" y recuerda que ya ha habido nueve intentos de desahucio, cuatro en la puerta de casa con la comitiva judicial. Ante esta situación, la regidora insta a la empresa propietaria, Global Licata, a entrar en el programa municipal, que funciona de forma muy similar al Reallotgem, de la Generalitat. Según Martín, la propiedad se había mostrado dispuesta a entrar en el programa Reallotgem y encuentra "incomprensible" que no acepte hacer lo mismo con el municipal.

La responsable de Vivienda de Barcelona expone que al tratarse de un gran tenedor inmobiliario está obligado a ofrecer alquiler social a familias vulnerables antes de desahuciarlos, tal y como marca la ley, y que por eso no puede entrar en el Reallotgem. "Estamos planteando esta solución a través del programa municipal y si existe un incumplimiento de la obligación, desde el Ayuntamiento lo sancionaríamos", ha advertido.

Fondo de inversión

"Todo el foco debe estar en la propiedad, que es un fondo de inversión y que tiene la obligación de corresponsabilizarse de la situación de emergencia habitacional de esta familia", ha afirmado Martín, quien asegura que desde el Ayuntamiento "están poniendo todas las facilidades" para llegar a un acuerdo.

Martín ha puesto de relieve las dificultades que están teniendo para dialogar con la propiedad, puesto que lo hacen a través de una empresa intermediaria. "Para estos fondos globales, estas viviendas son una lista en una hoja de Excel, pero aquí hay una familia y menores", recalcó. La titular de Vivienda también ha subrayado que la familia ha realizado todos los trámites para regularizar la situación administrativa y que están pendientes de que la Mesa de emergencia valore su caso.

El último intento de desahucio de la familia fue el 30 de noviembre, cuando vecinos y activistas se habían concentrado a las puertas del edificio de la calle Rossend Arús para evitar el desahucio, que quedó aplazado para mañana 13 de diciembre. De cara al desahucio señalado para este martes, el Grup d'Habitatge de Sants había estado organizando una acción para este lunes por la tarde, que ahora han desconvocado.

Lentitud administrativa

En un comunicado, el Grup d'Habitatge de Sants denuncia la "lentitud" y la "falta de voluntad" de las administraciones por encontrar soluciones a los problemas de vivienda y garantizar que los grandes tenedores ofrezcan alquiler social. Este colectivo considera que los responsables políticos "no se ponen las pilas hasta que el desahucio ya es inminente".

Según este grupo, el Ajuntament de Barcelona no hizo una oferta de alquiler para este piso hasta la semana pasada. También lamenta que, pese a las gestiones para detener el desahucio, el consistorio no ha sancionado a la propiedad por incumplir la obligación de ofrecer alquiler social.

Según dice el grupo en el comunicado, los servicios jurídicos del Ajuntament indicaron hace unas semanas que no podían sancionar a la propiedad porque no estaba obligada a ofrecer alquiler social, contrariamente a lo que sostiene ahora el Ajuntament.

El Grup d'Habitatge de Sants insta a las administraciones a aplicar las leyes catalanas 24/2015 y 1/2022 para "garantizar el derecho a la vivienda" y "dejar de garantizar los intereses de grandes lobbies que quieren hacer negocio con las viviendas".