Los Mossos d'Esquadra han informado esta mañana de la desarticulación de una organización criminal que se dedicaba a ocupar pisos para después alquilarlos a familias vulnerables que no tenían otra posibilidad de acceder a una vivienda. La ocupación se producía entrando una mujer con su hijo, en algunos casos bebés, para simular vulnerabilidad y no ser desalojados cuando llega la policía. En el momento de la detención, tenían ocupados 12 pisos que reportaban a la banda unos ingresos de aproximadamente 24.000 euros al mes.
El modo de actuar era siempre el mismo. Uno de los máximos responsables de la organización se dedicaba a buscar pisos vacíos. Siempre actuaban en inmuebles de entidades bancarias o de inmobiliarias relacionadas con ellas porque implicaban menos problemas que si el propietario es un persona concreta y no una sociedad. Además, sabían que estas entidades tienen más predisposición y capacidad económica para negociar.
Colaboradores necesarios
Una vez localizado el inmueble, se llamaba a una de las tres mujeres con hijos que trabajaban para la organización. Éstas se trasladaban al piso con el menor, en algunos casos de muy corta edad, incluso bebés.
En ese mismo momento entraban en acción otros dos colaboradores de la organización. Una persona que se encargaba de cambiar la cerradura de la puerta de entrada y otra que pinchaba la corriente eléctrica. A partir de ahí, la mujer se quedaba con las llaves a la espera de que llegase la policía.
Cuando llegaban los agentes, entraban en acción los menores. Las madres incluso los hacían llorar para que la policía escuchase los llantos tras la puerta y supiesen antes de abrir que en el piso vivían menores.
Cuando los agentes certificaban que la ocupación había sido realizada por personas en situación de vulnerabilidad con niños, informaban al juez. De esta manera se aseguraban que en unos meses no habrían más actuaciones de desalojo.
La mujer y el niño se quedaban entre 48 y 72 horas en el piso simulando vivir allí. Pasado este período, la mujer abandonaba el piso y la organización daba entrada a una familia en situación irregular y con niños, que no tenían otra manera de acceder a una vivienda y no querían dormir en la calle. En algunos casos, estos "inquilinos" ni tan siquiera sabían que se trataba de un piso ocupado y creían que se trataba de un alquiler sin declarar.
Vulnerabilidad y discreción
La banda buscaba siempre este tipo de familias porque sabían que había una necesidad extrema y que no tenían otra alternativa, y por tanto, no denunciarían la situación ni harían ruido ni molestarían a los vecinos para que no tuviese que intervenir la policía y descubrir la situación de la vivienda y su propia situación personal de estar de manera irregular en el país.
Según las investigaciones de la División de Investigación Criminal, DIC, de los Mossos d'Esquadra y la Unidad de Investigación de la comisaría de Sants-Montjuïc de Barcelona, la banda tenía diferentes maneras de rentabilizar las ocupaciones. Una primera opción era alquilar el piso entero a una familia a un precio de entre 1.000 y 1.500 euros. En muchas ocasiones, para hacer frente a este alquiler, las propias familias alquilaban habitaciones.
Una segunda opción era el alquiler de habitaciones por parte de la propia organización criminal, cobrando entre 200 y 300 euros por dormitorio. En otros casos, se "vendía" el piso por alrededor de 4.000 o 5.000 euros, es decir, se hacía un pago único y la organización ya no pedía más.
Oferta de rescate
Finalmente, otro recurso de la banda era negociar con el propietario legítimo el rescate del inmueble por una cantidad que oscilaba entre los 8.000 y 10.000 euros. Según la policía, en la mayoría de los casos, el banco o la inmobiliaria acababa pagando, y la organización comunicaba a sus "inquilinos" que debían dejar el piso en un plazo de 3 o 6 meses, pero también les aseguraban que serían realojados en otro inmueble.
Sin embargo, una vez que la vivienda quedaba vacía, si el propietario no le daba una utilidad vendiéndola o alquilándola, y no adoptaba medidas de seguridad, la misma banda volvía a ocuparla pasado un tiempo y el ciclo volvía a comenzar. La organización incluso volvía a pedir otro rescate al propietario legítimo. La policía informa de haber detectado tres pagos de rescate en los últimos cuatro meses.
Con todas estas estrategias, los Mossos calculan que solo en los últimos cuatro meses la organización ha podido recaudar unos 96.000 euros, aunque la banda estaba activa como mínimo desde 2020.
Largo historial
La organización estaba formada por tres personas, pero en total participaban nueve en las acciones. Además de los tres líderes, colaboraban tres mujeres con niños para las ocupaciones, un cerrajero para cambiar la cerradura, un electricista para pinchar la luz y una persona que se dedicaba a cobrar los diferentes alquileres.
Los tres máximo dirigentes de la organización están incluidos en el denominado por los Mossos "Top 5" de las ocupaciones criminales, ya que están implicados en la mayoría de este tipo de delitos que se producen en Barcelona. Antes de participar en esta banda, estos tres individuos tenían ya entre 5 y 10 antecedentes por este tipo de delitos. En los dos años de actividad de la organización, nunca han bajado de 10 pisos ocupados.
Una vez detenidos y puestos a disposición judicial, han sido dejados en libertad con cargos a la espera de juicio.
Por su parte, el resto de personas que intervenían en las operaciones no han sido no han sido considerados miembros de la organización, sino solo colaboradores. Todos ellos recibían una cantidad fija por trabajo, que en el caso de las madres era de 500 euros por cada estancia de dos o tres días en los primeros momentos de la entrada en los inmuebles.
Las madres, según confesaron a la policía, no veían riesgo en sus actuaciones, ya que el trato por parte de los responsables del entramado criminal era bueno, y confesaron que solo veían la ganancias. Para ellas, según sus declaraciones, solo se trataba de ir unos días a vivir a otro sitio e incluso se pasaban la mayor parte del tiempo jugando con los niños.
Los Mossos pudieron confirmar que los menores pertenecen a un núcleo familiar estable, con domicilio fijo y legal y con arraigo. Los agentes han han informado al juez de la situación de los menores y ahora será la Dirección General de Atención a la Infancia i la Adolescencia, DGAIA, quien tiene que dictaminar si tiene que haber alguna consecuencia por utilizar a los menores en estas acciones.
Investigación compleja
Desde Mossos d'Esquadra se afirma que la investigación ha sido difícil porque se trataba de una banda muy bien organizada y profesional, que conocía muy bien la legislación y en ningún momento utilizaba ni la coacción ni la intimidación para no elevar el rango de los delitos. Por este motivo, eran muy discretos y se ha tenido que utilizar unidades de inteligencia policial, hablar con mucha gente sacando pequeñas confidencias que fuesen armando el caso, estableciendo roles de las diferentes y estableciendo la categorización de organización criminal. Por el propio carácter de irregularidad de las personas que vivían en los pisos ocupados, nunca quisieron denunciar ni declarar oficialmente.
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