A estas alturas es incuestionable que la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad es una tarea que compete a toda la sociedad. Porque todos los individuos que la integramos, cada uno desde su posición, aportamos nuestro granito de arena. Por ello resulta cuanto menos extraño que las administraciones públicas, principales garantes del principio de igualdad constitucional, no tengan en consideración a todos los segmentos sociales a la hora de palpar y regular la realidad cotidiana. Máxime, cuando los segmentos olvidados constituyen una fracción importante del ámbito de la discapacidad.

En estas andamos actualmente con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Hace apenas unas semanas, nos despertamos con una noticia que puso en alerta a todo el ámbito de la discapacidad: el departamento que encabeza Yolanda Díaz iba a reducir en algunos casos y a eliminar en otros las bonificaciones a la Seguridad Social de las contrataciones de personas con discapacidad. Unas ayudas que se implementaron en el año 1985 precisamente para fomentar la empleabilidad de este colectivo, uno de los más discriminados en el mercado laboral.

Según el INE, en España hay 4,5 millones de personas con discapacidad. De ellas, casi 2 millones están en edad de trabajar, pero -bonificaciones mediante- solo 1 de cada cuatro tiene un empleo. Y lo más preocupante: el 33% vive en riesgo de pobreza.

Muchas de las personas con discapacidad que trabajan lo hacen en un Centro Especial de Empleo (CEE), empresas en las que al menos el 70% de la plantilla tiene algún tipo de discapacidad reconocida. Estos centros propician un entorno seguro a la persona con discapacidad trabajadora, asignándole un tutor de apoyo. Dicho de otra manera: son uno de los cimientos de la integración en la sociedad de las personas con discapacidad, porque facilitan empleo y con él, proyectos de vida independiente.

A estas alturas, querido lector, ya se puede hacer una idea de las preocupaciones que me rondan la cabeza… Pese a que la ministra Montero, responsable de Hacienda y Función Pública, haya negado que el gobierno vaya a “eliminar” las bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad, la simple derogación de parte de los incentivos asestaría un golpe mortal a los más de 2.300 centros especiales de empleo que hay en España, en los que trabajan 100.000 personas con discapacidad, que en muchos casos tendrían que recurrir al despido de parte de ellas para poder garantizar su supervivencia.

Como presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), la plataforma por la discapacidad y la dependencia más diversa y plural, he intentado reunirme con la ministra de Trabajo en más de una ocasión. Pese a representar a cerca de 4.000 asociaciones que dan voz a colectivos tan importantes dentro de la discapacidad como son la Baja Visión, la Sordoceguera, la Educación Especial, los Centros de Empleo, al colectivo de profesionales de la Psicología, entidades de Salud Mental, de Salud Infantojuvenil, de atención a las Personas Mayores o de promoción de la Accesibilidad Universal, tenernos a la espera ha sido la única respuesta que he obtenido por parte del departamento de Yolanda Díaz.

Somos millones de personas, unidas en una sola plataforma, que reclamamos saber de primera mano cuáles son las intenciones del Ministerio de Trabajo para nuestro colectivo. Y aunque somos conscientes de lo apretado de su agenda, lo que no entendemos es su incomprensión hacia nuestras necesidades y demandas. Como segmento fundamental dentro del ámbito de la discapacidad nos ponemos a su disposición para participar con nuestros expertos en la elaboración del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad que está en ciernes. No nos obvie. Cuente con nosotros como leales colaboradores de su ministerio.