Sociedad Civil Catalana advierte: Sánchez deja al Estado "más débil ante un nuevo desafío separatista" sin la sedición

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
EUROPA PRESS
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha criticado la derogación del delito de sedición, un decisión de una "gravedad histórica extraordinaria", para reemplazarlo por otro de desórdenes públicos agravados, que contempla penas máximas de cinco años de prisión, porque considera que deja al Estado "más débil" y "erosiona su fortaleza y capacidad" ante "futuros intentos de subversión" del nacionalismo.

Así se ha expresado la entidad en un comunicado emitido este viernes, en el que ha apuntado que con la eliminación de este delito, España se queda sin "algunas de las principales herramientas para defender su integridad" territorial, lo que supone entregar "una victoria rotunda a las autoridades nacionalistas".

SCC, además, señala que "el Gobierno modifica por la puerta de atrás y con los mínimos controles una parte sustancial de nuestro ordenamiento jurídico", a costa de los "derechos fundamentales de todos los catalanes a cambio de los intereses de una parte representada por los condenados y los prófugos de la Justicia".

"No todo vale para mantenerse en el poder", ha subrayado, recordando que la "desjudicialización" era una de las demandas del "régimen nacionalista" para sentarse a hablar sobre los Presupuestos Generales "que sostienen al Gobierno". Esto "no es sino un eufemismo de 'no justicia' y de impunidad" para que  "las autoridades catalanas puedan hacer y deshacer a conveniencia y al margen de la Ley y de las sentencias judiciales".

De esta manera, "deja desamparados a todos los catalanes y al resto de los españoles" y legitima lo que a su juicio es un régimen excluyente y populista que no respeta la Ley, han afirmado desde SCC, que opina que además facilita el regreso de las personas condenadas por el 'procés' a la actividad pública.

Por eso, SCC considera esta decisión "una humillación y una burla para los catalanes constitucionalistas que durante años hemos luchado por una Catalunya con unos estándares de calidad democrática equiparables a los de cualquier democracia europea", han lamentado.

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