Una parte del independentismo se ha quedado en fuera de juego desde que el Gobierno anunciara la supresión del delito de sedición. Estos independentistas, hasta ahora, había sido muy crítica con la estrategia de ERC, que apostaba por el diálogo, y que ahora se ha visto avalada con la decisión del Gobierno central. No obstante, JxCat, la CUP, la ANC y Òmnium Cultural han manifestado que observan múltiples amenazas en esta reforma.
El anuncio del Gobierno de Sánchez ha vuelto a agitar la política catalana, que se ha convertido en un campo de batalla entre las diferentes facciones del secesionismo, que tratan de imponer su relato. Estas son las claves del escenario.
Producto de la mesa de diálogo
Albert Batet, el presidente del grupo de JxCat en el Parlamento autonómico catalán, manifestó su oposición a una mesa de diálogo que "no da resultados" en lo que se refiere a conceptos como amnistía y autodeterminación. Además, pidió al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ofreciera un "listado de supuestos éxitos" de la mesa.
El president le emplazó al balance del 31 de diciembre, pero ese mismo miércoles por la noche se estaba fraguando el acuerdo con el Gobierno socialista para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por uno llamado "desórdenes públicos agravados", que contempla penas más bajas.
Para ERC, la eliminación del delito de sedición supone "un gran paso adelante" hacia la "desjudicialización" del conflicto catalán, al tiempo que reconoce que "no habría sido posible sin la negociación política entre los dos gobiernos y sin la apuesta de ERC por la vía negociada para acabar con la represión". Eso sí, ahora dice que resta avanzar en la "resolución del conflicto político".
Diferentes lecturas
Esta interpretación de ERC es muy diferente a la que hace JxCat sobre este acuerdo. Los exconvergentes, desde el principio de la legislatura en 2021, han querido alejarse de la mesa de diálogo impulsada por ERC y el PSOE, en una clara apuesta por la "confrontación" con el Estado.
Jordi Turull, secretario general de Junts, opina que esta esta reforma del Código Penal está hecha "a medida para decir que el 1-O fue delito". Por su parte, Laura Borràs, presidenta del partido, dice temer que el "remedio de los desórdenes públicos agravados" pueda ser "peor que la enfermedad de la sedición".
Así, la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso conlleva la rebaja de 15 a 5 años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a llamarse "desórdenes públicos agravados", y que implican un máximo de ocho años de inhabilitación.
Puigdemont y sus temores
Precisamente es el expresidente fugado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el que más dudas ha arrojado sobre el cambio del Código Penal.
El político huido afirmó que, una vez leída la "letra pequeña" de la propuesta, detecta "trampas" como los conceptos de "intimidación" y "actos preparatorios", que recoge la reforma, y duce que, en Alemania, los hechos ocurridos en octubre de 2017 en Cataluña no serían delito "ni de 15, ni de 5, ni de medio año de cárcel".
"Haciendo presentable ante Europa unas extradiciones y unas condenas penales que ahora mismo nadie compartía y constreñir aún más el camino de la confrontación con el Estado para culminar la independencia no me parece que sea una victoria", dijo Puigdemont.
El político fugado cree que el objetivo es que las jurisdicciones europeas "no tengan más remedio que aplicar una extradición automática", "lo que esto servirá para intentar liquidar" su estrategia.
Facciones más radicales del independentismo también se muestran en contra del acuerdo. Es el caso de la CUP, que acusa a ERC de "vender como victorias políticas los juegos malabares" de Sánchez, o la ANC y Òmnium Cultural, que creen que el delito de "desórdenes públicos agravados" pueda servir para "perseguir a la disidencia política" y al activismo, "más allá del independentismo".
El acuerdo de los presupuestos en el fondo
En el momento en el que JxCat rompió el pacto de gobierno con ERC en la Generalitat, Esquerra no ha dejado de afirmar que su prioridad es pactar los presupuestos autonómicos catalanes con los comuns y con los convergentes, lo que dejaba al PSC fuera hasta que no diera pasos adelante en materia de "desjudicialización".
Vista la actual agresividad de JxCat contra el Govern, el acuerdo presupuestario parece improbable, pero ahora se abre la vía de que ERC pacte con los socialistas las cuentas.
Al mismo tiempo y como opción mucho más probable, se plantea que ERC apoye a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, después de que el año pasado ya ofreciera sus votos para aprobarlos.
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