Varios miembros de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte han acudido este jueves al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para mantener una reunión con el Gobierno, que tratará de convencerles de desconvocar los paros previstos a partir del próximo lunes, 14 de noviembre, según ha informado EFE. 

Desde la plataforma de transportistas aseguran que el Gobierno ha "citado para reunirse de manera inmediata esta mañana" a los representantes de la dirección en una "llamada de urgencia" y que se encuentran actualmente negociando las exigencias que han dado lugar a la convocatoria de paro. 

Fuentes del ministerio señalan, por su parte, que hay una "reunión informativa con la plataforma en respuesta a su petición" y que en ella participan dos subdirectores generales.

Se trata de los segundos paros convocados por esta organización en 2022, que ya paralizó el sector el pasado mes de marzo. Tras 20 días de huelga que causaron problemas de suministro por diferentes zonas del país, el líder de la plataforma, Manuel Hernández, puso fin a las jornadas asegurando que se trataba tan solo de una pausa en las protestas. 

Posteriormente, los transportistas consiguieron sentarse a negociar con el Gobierno y el 2 de agosto se acabó aprobando un decreto-ley en el que se recogen las principales reivindicaciones del sector. 

Sin embargo la plataforma de transportistas asegura que dicha ley se está incumpliendo sistemáticamente, lo que le ha llevado a convocar un nuevo paro indefinido que comenzará, previsiblemente, en la madrugada del domingo al lunes próximos.

Su queja principal es que no se está respetando la regulación para que los transportistas no trabajen por debajo del precio de costes y no se vean obligados a descargar los camiones que conducen. La principal "arma" que obtuvieron tras las anteriores protestas "no se está respetando", aseguran, y "eso contraviene la ley".

Los huelguistas denuncian la "pasividad" del Ministerio de Transportes a la hora de vigilar que se cumple la normativa. Solicitan, por tanto, que el Ejecutivo se comprometa a garantizar que los logros alcanzados en las negociaciones se cumplan, empezando por establecer unos precios de transporte que como mínimo sean equivalentes al precio del combustible.

Los transportistas aseguran también que, tras la publicación de esta ley, más de una decena de empresas cargadoras incumplen la norma y ofrecen presupuestos muy por debajo de los costes reales del servicio que solicitan. 

Por el momento, todas las organizaciones empresariales y sindicatos han rechazado este paro patronal al entender que no está justificado tras todos los acuerdos alcanzados en el último año con el Gobierno en favor de las condiciones laborales y empresariales de los transportistas.