Un informe de la Eurocámara ve obsoleta la ley española para ordenar espionajes y reprocha al Gobierno falta de colaboración

Sophie in 't Veld, autora del borrador de la comisión Pegasus en el Parlamento Europeo.
Sophie in 't Veld, autora del borrador de la comisión Pegasus.
EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Sophie in 't Veld, autora del borrador de la comisión Pegasus en el Parlamento Europeo.

La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el uso del programa de espionaje Pegasus considera que la legislación española tiene "lagunas" a la hora de autorizar el seguimiento de personas, debido a que ha quedado obsoleta ante las nuevas posibilidades de los software espía. Así lo valora el borrador de un informe presentado este martes por la liberal neerlandesa Sophie in't Veld, quien ha criticado duramente la falta de colaboración por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la investigación. "El Gobierno no da información", ha reprochado.

Pese a reconocer que el marco legal español establece la necesidad de un permiso judicial para iniciar labores de seguimiento sobre una persona, el borrador señala que existe "una gran laguna relativa a la naturaleza retroactiva del ciberespionaje". "Incluso con el requisito legal de que la duración de la vigilancia se estipule específicamente antes de la autorización, no se contempla que, una vez que un dispositivo está infectado con un software, es posible revisar retroactivamente las comunicaciones y los datos anteriores de una manera que no era posible con medidas tradicionales de vigilancia", explica el informe.

Así pues, el texto apunta a la falta de actualización de la legislación española en comparación con los avances en materia de tecnología de vigilancia. Por ejemplo, la norma que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que es el organismo facultado para llevar a cabo labores de seguimiento, data de 2002. "Las garantías legales corren el riesgo de quedar obsoletas y no brindar a los ciudadanos una protección suficiente", afirma el borrador. La versión final del informe se conocerá en marzo, una vez finalice el plazo de enmiendas y tanto la propia comisión como el Pleno de la Eurocámara voten el texto.

Además, la comisión de investigación afea la opacidad del CNI. "Gran parte del trabajo del CNI se mantiene en secreto y carece de transparencia", sostiene el texto, que recuerda que la Constitución española no permite el acceso a documentos relativos a los servicios de inteligencia, información a la que tampoco es posible acceder a través de la ley de transparencia. En la misma línea, la falta de actualización es también una de las dolencias de la ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a reformar. "El mayor problema con esta legislación en gran medida anticuada es que no describe un período de tiempo más allá del cual expirará el secreto impuesto", añade.

"La situación en España es delicada"

A pesar de prestar especial atención a la situación de Polonia, Hungría, España, Grecia y Chipre, el informe investiga el uso de Pegasus en toda la Unión Europea. Según Spophie in't Veld, la falta de colaboración ha sido la tónica general de todas las autoridades. "La situación en España es delicada, tenemos poca información oficial", ha dicho en particular sobre nuestro país, donde asegura que hay fuertes indicios de que cargos políticos han sido espiados "sin suponer una inminente amenaza a la seguridad nacional". 

"Pido a las autoridades más información para evaluar la situación", ha rogado la política neerlandesa, que espera poder viajar a España para continuar con la investigación. "Si creen que las asunciones son equivocadas, que presenten información", ha añadido, defendiendo el valor de sus pesquisas, pese a no disponer de información oficial. "Si no nos dan información, ¿qué hemos de hacer? ¿Quedarnos callados? Aunque falten piezas del puzzle, se puede ver la imagen", ha defendido.

Además, el documento, que apunta a que el Gobierno español fue probablemente el primero en adquirir el software Pegasus, recuerda que el Ejecutivo de Sánchez ha admitido la autoría de 18 espionajes de los 65 que se produjeron hacia políticos catalanes, alegando autorización judicial del Tribunal Supremo. Además, el informe señala también que "se cree ampliamente que las autoridades marroquíes espiaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska". No obstante, In't Veld ha reconocido que la capacidad de acción del Parlamento Europeo frente a terceros países es prácticamente nula.

"Tenemos motivos para estar preocupados por la democracia", ha afirmado la eurodiputada, que ha afeado que Bruselas denuncie "ataques" a la democracia fuera de Europa, pero no lo haga dentro de sus fronteras. "¿Por qué la Comisión Europea habla de Elon Musk pero no hace nada ante las amenazas a la democracia en Europa? ¿Por qué en ese caso dice que son asuntos de cada país, cuando esos países se sientan en el Consejo Europeo y toman decisiones que afectan a todos los europeos?”, ha criticado.

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