La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa contra la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, por la concesión de subvenciones municipales a entidades afines, al entender que pudo cometer un delito de prevaricación al permitir que durante varios años las ayudas se otorgaran de forma directa.

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En un auto, la sección quinta de la Audiencia estima el recurso presentado por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que presentó la querella contra Colau por las subvenciones, y ordena al juez instructor seguir investigando a la alcaldesa y practicar varias diligencias solicitadas por la acusación que en su día fueron denegadas.

De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el juez decidió sobreseer el pasado mes de junio la investigación abierta a Colau a raíz de la querella por las subvenciones, prácticamente idéntica a otra denuncia que el Ministerio Público ya archivó el año pasado y que firmaba el mismo bufete jurídico.

Ahora la Audiencia ha ordenado al magistrado que siga investigando el caso. De hecho, le da permiso para alargar la instrucción y practicar nuevas diligencias de prueba, como el análisis de expedientes de subvenciones al Observatorio DESC, la PAH, la APE o Ingeniería sin Fronteras, entre los años 2020 y 2021.

El juzgado instructor cerró la causa al considerar que Colau había delegado parte de sus funciones, como la concesión de subvenciones, a otros cargos y técnicos municipales, y no constaba que diera indicaciones de ningún tipo en esta materia. Además, la interventora municipal explicó que ella había advertido de que el sistema tenía algunas irregularidades que se arrastraban dede antes de que Colau fuera alcaldesa, pero no veía relevancia penal.

No obstante, la Audiencia considera que puede haber varios delitos, sobre todo prevaricación, en la concesión directa de determinadas subvenciones a las citadas entidades sociales, y que las ayudas excepcionales tienen que estar debidamente justificadas si se conceden sin un verdadero concurso público. 

Según el tribunal, algunas de estas concesiones habrían vulnerado la ley general de subvenciones y podrían tenerse que anular porque se concedieron de forma "recurrente, reiterada y directa". Además, algunas subvenciones plurianuales se concedieron sin que hubiera un plan estratégico, requisito legal, y más del 70% del total se dedicaban a salarios, cosa que tendría que suponer una contratación, y no una subvención a una entidad. También considera que podría haber consecuencias administrativas.

Respecto a Ada Colau, el tribunal recuerda que formaba parte del Observatorio DESC y la PAH antes de ser alcaldesa. También dice que a pesar de que en general el Ayuntamiento redujo las subvenciones excepcionales durante su mandato, estas entidades recibieron más dinero a través de subvenciones excepcionales.

Por todo esto, el tribunal ordena reabrir la causa, al menos por prevaricación, contra Colau, abre la posibilidad que se amplíe a otros cargos municipales, autoriza a practicar nuevas pruebas y permite que se alargue la instrucción.