El Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona ha archivado la causa en la que investigaba a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por subvenciones del Ayuntamiento a entidades sociales afines a raíz de una querella presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática. Entre las entidades figuran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Observatorio DESC.

El juez concluye que los hechos de la querella por presunta malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias que originó el caso no suponen ninguna infracción penal.

La defensa de Colau había pedido archivar la causa y la Fiscalía también lo reclamó en mayo, pidiendo "desterrar la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales a la investigada sobre el endeble argumento de ser la máxima responsable del Ayuntamiento".

De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el magistrado archiva la investigación al entender que no hay indicios de delito en la actuación de Ada Colau, dado que delegó sus funciones relativas a la concesión de subvenciones y no consta que diera instrucción alguna al respecto.

Colau expresa su satisfacción tras el archivo de la causa

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado muy satisfecha por el archivo de la causa por que "se hace justicia ante una mala praxis". Colau ha añadido que "estoy contenta porque se preserva el buen nombre del Ayuntamiento de Barcelona, pero también el de las entidades sociales". Todo lo que hace este ayuntamiento pasa los "filtros" de transparencia, ha defendido Colau.

"Esta querella no solo quería criminalizarme a mí, sino al trabajo que realizan las entidades sociales", que es "tan importante por la ayuda que realizan" a personas vulnerables, ha explicado Ada Colau. 

"No me ha sorprendido el archivo de la causa" ha afirmado Colau, y ha añadido que "tampoco debe haber sorprendido a los querellantes, una entidad fantasma llamada Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática". 

En este sentido, la alcaldesa de Barcelona ha lanzado diversas preguntas: "¿Quién son estas entidades? ¿Quién las financia? ¿Quien pone estas querellas?". Están haciendo "un mal uso de la justicia" ha dicho. "Si lo que querían era asustarnos, han conseguido todo lo contrario, estamos más fuertes que nunca", ha zanjado Colau.

No se desprende "ninguna conducta" delictiva atribuible a la alcaldesa

La querella, según considera el ministerio público, es "en un 99,9 %" idéntica a otra denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución que la Fiscalía Anticorrupción ya archivó en julio del año pasado y que firmaba el mismo bufete jurídico.

Para el magistrado, de la documentación que figura en la causa, las testificales y la declaración de la propia Colau no se desprende "ninguna conducta" delictiva atribuible a la alcaldesa, que, recuerda, cuando tomó posesión de su cargo delegó parte de sus funciones, entre ellas las relacionadas con la concesión de subvenciones por parte de las distintas gerencias del consistorio.

En ese sentido, recalca el auto que no consta que Colau "diera instrucciones o indicación alguna" respecto a la concesión de subvenciones municipales a entidades vinculadas a ella o a su entorno político, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Observatorio DESC.

Según el magistrado, la interventora del ayuntamiento que declaró como testigo avaló la legalidad de las subvenciones, que el ayuntamiento venía otorgando desde la etapa del convergente Xavier Trias, aunque admitió que en 2019 había recomendado que las ayudas se adjudicaran a través de los presupuestos para reforzar su control político.

"No ha existido conducta ilícita alguna"

El juez también resalta que no se han observado irregularidades en los expedientes de las subvenciones y recuerda que estas fueron aprobadas "por mayoría por el pleno del Ayuntamiento y siguiendo las normas establecidas, con independencia de que se pueda estar o no de acuerdo con el objeto" de las ayudas.

A ello se une, según el auto, que Colau no dictó ninguna resolución en relación con las subvenciones investigadas, por lo que "no ha existido conducta ilícita alguna" atribuible a la alcaldesa.