El nuevo baremo de valoración de la discapacidad entrará en vigor el 20 de abril, tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este nuevo baremo de la valoración de la discapacidad sustituirá al que estaba en vigor desde 1999 y se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con un enfoque de derechos humanos. 

La Confederación Autismo España ha emitido una nota de prensa para "celebrar" este nuevo baremo que recoge específicamente las características nucleares del trastorno del espectro del autismo (TEA): "Un hito por el que llevamos trabajando casi una década y que, por fin, tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya entra en vigor".

El nuevo procedimiento de valoración sustituirá al actual, del año 1999, que había quedado desactualizado y que, además, no cumplía con las obligaciones que impone la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Para la Confederación Autismo España, el nuevo baremo supone "un avance en la valoración del grado de discapacidad en el caso particular de las personas en el espectro del autismo, ya que incorpora la categoría de 'trastorno generalizado del desarrollo' y la clasificación de diagnósticos incluidos en la misma, en coherencia con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud que está vigente en nuestro país".

Prioridad a casos graves y criterios más precisos, los cambios del nuevo baremo de reconocimiento de la discapacidad

A pesar de que no refleja específicamente la descripción actualizada del autismo en los sistemas más recientes de clasificación (DSM-5 y CIE-11), desde Autismo España apuntan que han trabajado durante el proceso de elaboración del baremo para que los criterios de aplicación del mismo recogieran los fundamentos que definen esta categoría diagnóstica.

Asimismo, desde la Confederación hacen hincapié en que la formación de los equipos de valoración de la discapacidad deberá, "no solo garantizar el conocimiento de las nuevas herramientas que establece el baremo, sino también cómo estas deben aplicarse e interpretarse en el caso de las personas en el espectro del autismo".

Desde la Confederación Autismo España subrayan que "es importante destacar también que el nuevo baremo reconoce específicamente el trastorno generalizado del desarrollo (trastorno del espectro del autismo conforme a las clasificaciones diagnósticas internacionales actualizadas), de manera independiente y diferenciada del diagnóstico de discapacidad intelectual. 

Este reconocimiento visibiliza el impacto que las características nucleares del TEA tienen por sí mismas en el funcionamiento adaptativo y en la calidad de vida de las personas que lo presentan. De la misma forma, según explica la organización en un comunicado, evidencia la necesidad de garantizar apoyos heterogéneos y flexibles en las distintas esferas de la vida diaria y a lo largo de todo el ciclo vital.

La valoración de la discapacidad comenzará a realizarse con criterios homogéneos en todas las Comunidades Autónomas a partir de abril

Diez años de negociaciones

Alrededor de diez años se ha tardado en que este nuevo procedimiento vea la luz. "Han sido años de trabajo, encuentros y desencuentros. Finalmente, este Real Decreto cuenta con el consenso y el acuerdo entre el Estado, las Comunidades Autónomas y el sector de la discapacidad", concluyen desde Autismo España.

Desde Autismo España se muestran "agradecidos" con el "empuje del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la consecución de este nuevo baremo, que recoge sustanciales avances para las personas en el espectro del autismo y que ve la luz tras un largo proceso de diálogo".

Otro de los principales aspectos a destacar en términos generales es el establecimiento de criterios comunes más allá del territorio o Administración de referencia, tratando de acelerar el procedimiento de valoración, algo que supone una mejora sustanciosa dado que actualmente el tiempo de valoración en algunas Comunidades Autónomas supone más de dos años.