Un paso más en la futura conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, una infraestructura convertida ya en reivindicación histórica en la ciudad de Sevilla cuya materialización, no obstante, aún está lejos de hacerse realidad.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) envió este miércoles para su publicación "en los próximos días" en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación del contrato para la redacción del estudio informativo de la mencionada conexión, con un presupuesto de 847.021 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. El objeto de este estudio es la elección de la alternativa óptima para el nuevo enlace. Para ello, se analizará un "número suficiente de alternativas de trazado", que posteriormente serán comparadas bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales y de explotación.

El contrato incluirá los trabajos necesarios para llevar a cabo los trámites de información pública y consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, establecidos en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental vigentes, hasta llegar a la aprobación del expediente de información pública y, con ello, a la aprobación definitiva del estudio informativo.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que "se trata de un nuevo impulso del Estado al desarrollo de las infraestructuras de Sevilla, que refleja su compromiso y esfuerzo para retomar y agilizar obras que llevaban años en el fondo del cajón y que, en muchos casos, ha tenido que empezar desde cero porque los plazos para los proyectos estaban caducados". Y destacó que se suma a "otros avances en infraestructuras, como las conexiones de la SE-40, que ya cuentan con una planificación clara, con un compromiso de finalización de todos sus tramos en 2030 para los que prevé destinar más de 970 millones de euros".

Cabe recordar que la conexión entre la estación de tren y el aeropuerto de Sevilla ha sido motivo de confrontación entre el Gobierno central y la Junta. No en vano, la Consejería de Fomento adjudicó a principios de este año su propio estudio informativo, por menos dinero (algo más de 309.000 euros), y un menor plazo de ejecución, concretamente, 13 meses. La titular del ramo, Marifrán Carazo, aseguró entonces que el Ejecutivo andaluz daba "un paso adelante" ante la falta de iniciativa del Gobierno central que, por su parte, ha mantenido siempre que esta infraestructura es competencia estatal.