El asesinato de Mahsa, 22 años, a manos de la Policía Moral en Irán, detenida por no llevar el velo adecuado, ha levantado un movimiento de indignación y solidaridad en su país y en todo el mundo. No se trata de un hecho aislado. El reciente informe de UN Women Gender snapshot 2022 es demoledor. Según sus cálculos, si seguimos al ritmo actual, tardaremos casi 290 años en abolir las leyes discriminatorias que desprotegen a las mujeres y niñas en varios países. Tres siglos por delante perpetuando una situación injusta y terrorífica.

La Organización Mundial de la Salud revela que el 35% de las mujeres en el mundo sufre alguna forma de agresión sexual. Todas las formas de violencia contra las mujeres son intolerables – pero cuando quien ejerce la violencia son las instituciones públicas que tienen la misión de proteger a las ciudadanas, se multiplica la sensación de impunidad y desamparo. En Irán, Afganistán o Etiopía la violencia institucional contra la mujer es un arma de represión sistemática. Como denuncian las organizaciones de derechos humanos, en varios países las mujeres y niñas no solamente son víctimas de violencia en su entorno familiar, sino que no pueden confiar en la policía ni en los tribunales para defenderse.

Contra el miedo, el silencio y la impotencia, mujeres en todo el mundo se organizan para denunciar, explicar, dar voz y buscar soluciones. Asociaciones de mujeres con las que Oxfam colabora en Mali y en Chad, ofrecen apoyo legal, psicológico y económico a las víctimas de violencia y las defienden de la discriminación de las autoridades. Unidas presionan a los gobiernos para cambiar leyes y aplicarlas con efectividad: no queremos esperar 300 años a que cambien las cosas.