Trabajo pedirá a la Fiscalía que investigue si empresas "rebeldes" vulneran los derechos de los 'riders'

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, urante su intervención en el debate organizado por elDiario.es
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue si se están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores 'riders'. "Estas empresas rebeldes obstruyen la inspección de trabajo y no lo vamos a consentir", ha acusado Díaz durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados. 

La ministra ha insistido en que "ya se ha actuado" contra dos empresas por este motivo, incluyendo multas millonarias a una de ellas, en referencia a Glovo, que ha sido multada con 79 millones de euros por Trabajo, que ha regularizado la situación de 10.600 de sus trabajadores.

Tal y como ha recordado Díaz, la sanción a Glovo ha venido motivada por vulneración de "los derechos de sus trabajadores" y "obstruir" la labor de la Inspección de Trabajo en torno al cumplimiento de la llamada 'Ley Rider'. La sanción se suma a toda una serie de multas de la Inspección de Trabajo y liquidaciones a la Seguridad Social que acumulan un total de 148 millones de euros

"Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre estas empresas, como ya ha caído con la Inspección", advirtió Díaz el pasado miércoles tras anunciar la histórica sanción.

Ninguno de los expedientes de la Inspección de Trabajo firmados contra Glovo corresponden, sin embargo, al periodo posterior a la aprobación de la 'Ley Rider' impulsada por el Gobierno de coalición. Las sanciones se apoyan, por el contrario, en la jurisprudencia previa a mayo de 2021. 

Suben un 165% las afiliaciones

La ministra de Trabajo ha señalado este lunes que, desde que se aprobó la 'Ley Rider' hace algo más de un año, las afiliaciones a la Seguridad Social de los trabajadores de este tipo de empresas han pasado de 4.688 entre enero y julio de 2021 a los 12.144 que se contaban en abril de este año, lo que supone un incremento del 165%. La presión se mantiene, con todo, para corregir los casos de falsos autónomos contratados por estas compañías, que se sitúan en 10.614, según identificó la Inspección de Trabajo la semana pasada.  

Pasados trece meses de la entrada en vigor de la nueva regulación, algunas empresas de reparto, como Deliveroo, han dejado de operar en España. Otras se han adaptado al nuevo modelo engrosando su plantilla. Glovo, sin embargo, se mantiene contraria, operando con la misma fórmula.

La ministra ha avanzado también en su comparecencia que la Inspección de Trabajo va a vigilar el uso de los fijos discontinuos, especialmente "en algunos sectores" en los que se cometen "abusos en este terreno desde hace décadas", como es el caso de la educación en puestos como las ATES (para asistencia y formación de escolares con minusvalías), personal de los comedores o de limpieza.

Esta investigación se sumará a la llevada a cabo ya sobre este colectivo en los últimos meses, que ha dado como resultado la detección de 14.601 empresas con situaciones irregulares y la transformación de 25.870 contratos fijos discontinuos en fijos ordinarios, con una tasa de éxito del 45,77 %, ha recordado. 

También se ha referido al empleo a tiempo parcial involuntario y ha anunciado la puesta en marcha de inmediato de un plan específico de la Inspección para revisar la situación de más de 290.000 personas trabajadoras sobre las que tienen "indicios de que están realizando jornadas superiores a las declaradas".

Díaz también ha dicho que van a convocar a los empresarios y a los sindicatos a una mesa de diálogo social específica sobre el paro de larga duración y de mayores de 45 años y que, "en breve", estará lista la nueva ley de incentivos al empleo.

Además, ha señalado que el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) -utilizado para la concesión de ayudas a la vivienda, becas o subsidios- volverá a subir en 2023 y ha incidido en la necesidad de "revertir el terrible recorte que el PP infligió a los parados" en las prestaciones.

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