La presión que ha venido ejerciendo la Generalitat para la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde hace ocho años, ha ido a menos en los últimos meses hasta prácticamente desaparecer de la agenda del Ejecutivo presidido por Ximo Puig y que el PSPV comparte con Compromís y Unides Podem. Aunque la reivindicación se menciona de pasada, ya no es el eje central de la acción política del Consell, como lo fue entre 2015 y 2018, durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno central con el PP. 

Esta carencia de ingresos, cifrada en 1.300 millones de euros al año, volverá a verse reflejada en 2023 en los Presupuestos de la Generalitat mediante una partida ‘reivindicativa’ (según el Botànic) y que la oposición tacha de "ficticia", ya que plasma un ingreso que no es real. En última instancia, este hecho se traduce en menos fondos para servicios públicos gestionados por la comunidad autónoma, como sanidad, educación o política social.

Las demandas valencianas pasan no solo por una reforma del modelo, sino también por activar fondos de garantía y de nivelación que compensen el desequilibrio mientras no se apruebe el nuevo sistema. De hecho, según la Conselleria de Hacienda, la Comunitat Valenciana recibirá el próximo año 2.800 millones de euros en transferencias del Estado.

En este punto coinciden, por ejemplo, PSPV y PP, si bien la formación que dirige Carlos Mazón ha elevado el tono en los últimos meses ante lo que considera inacción del Ejecutivo de Puig. "Este es uno de los grandes suspensos que tiene el gobierno de la Generalitat, que ha bajado los brazos ante sus jefes en Madrid", apuntaba el líder popular en una entrevista en 20minutos el pasado mes de abril.

El consenso en el diagnóstico va más allá incluso de los partidos (están de acuerdo PSPV, PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem, con el único desmarque de Vox) y llega a la sociedad civil. La Plataforma per un Finançament Just, integrada junto a los partidos por la patronal CEV, los sindicatos CCOO y UGT, convocó incluso una manifestación en noviembre de 2021 por las calles de las tres capitales de provincia de la Comunitat para visualizar el problema y mantener viva la reivindicación.

Sin embargo, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha ido aplazando la solución al "problema valenciano", como lo bautizó Puig al inicio de la legislatura, en 2019, cuando afirmó que era "inaplazable e imprescindible" poner fin a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana aunque, eso sí, con "justicia" y lejos de "privilegios".

En diciembre del pasado año, el Ministerio de Hacienda hizo una primera propuesta a las comunidades autónomas basada en el criterio de población ajustada, una de las variables esenciales del modelo de financiación y que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales. Con este documento, el departamento que dirige María Jesús Montero pretendía iniciar un "diálogo multilateral" para un proceso que, no obstante, sigue empantanado tanto por la falta de consenso entre las autonomías como de apoyos parlamentarios del Gobierno.

La Generalitat mostró en un principio su satisfacción por el criterio elegido por el Ministerio, pero alegó, de la mano de un informe de expertos, varios puntos clave: la eliminación de las variables no poblacionales, que en sanidad, educación y servicios sociales se refleje toda la población atendida, que se garantice la suficiencia para financiar los servicios públicos, una redistribución de los recursos entre Administración central, comunidades y ayuntamientos en función de sus competencias y, en último término, una solución a la deuda acumulada durante los años de infrafinanciación. En el caso de la Comunitat Valenciana, la cifra total de su endeudamiento asciende a 53.000 millones de euros, de los que el Consell calcula que el 78% corresponde a esta insuficiencia de recursos.

De este modo, la pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo central, que ya dio por hecho que la reforma de la financiación, lejos de las demandas de la Comunitat Valenciana, no se realizará esta legislatura.

El 'president', en 2018: "Rajoy tiene la obligación de cambiar el modelo"

El tono reivindicativo de Ximo Puig con el Gobierno central por el cambio de modelo de financiación se ha ido atemperando con los años, sobre todo desde la llegada de Pedro Sánchez, también del PSOE, a la Presidencia. De hecho, en 2018, poco antes de la salida de Rajoy, el jefe del Consell afirmaba: "Rajoy tiene la obligación política y moral del cambio de financiación autonómica".