Este lunes, la noticia era que un grupo de abogados y periodistas va a denunciar a la CIA y a su entonces director, Mike Pompeo, por haber espiado sus conversaciones durante las visitas al fundador de Wikileaks, Julian Assange, mientras estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres. En las presuntas escuchas, supuestamente estuvo involucrada una empresa española, Undercover Global S.L., responsable de la seguridad privada de la Embajada. La empresa y su propietario, el exmilitar David Morales, aparecen también como demandados.
Antes de resumir la historia de esta empresa española y su presunta implicación en el caso, un poco de contexto. El fundador de Wikileaks estuvo refugiado siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, desde 2012 hasta abril de 2019. Estados Unidos le acusaba de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en su portal Wikileaks, donde mostró los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán.
En 2019, el Gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno decidió retirar a Assange el asilo concedido por su predecesor, Rafael Correa. El australiano quedó internado en una prisión británica. En abril de 2022, un juez británico emitió una orden de entrega de Assange a EE UU para ser considerada por el Gobierno del Reino Unido.
En junio, la ministra británica de Interior, Priti Patel, firmaba la orden para extraditación. Desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh, Assange -en frágil estado de salud física y mental- ha apelado. Amnistía Internacional insiste en que se retiren los cargos y sostiene que Assange hizo el trabajo habitual de los periodistas de investigación. Su persecución, defiende AI, "es un ataque a la libertad de expresión".
Undercover Global, con sede en Jerez
Antes que este grupo de abogados y periodistas que ahora son noticia, ya el propio Assange había denunciado a Undercover Global por espionaje. Fue en 2019. Morales fue detenido el 17 de septiembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Aunque el supuesto espionaje tuvo lugar en el Reino Unido, la Audiencia española se consideró competente en este caso por tratarse de un delito cometido presuntamente por un español en el extranjero.
El juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, abrió una investigación a la empresa tras admitir a trámite la querella presentada por Assange. Tras prestar declaración, a Morales se le impusieron comparecencias periódicas y la prohibición de salir de España.
Se trataba de saber si Undercover Global facilitó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos el seguimiento de reuniones de Assange con sus abogados y colaboradores, así como audios y vídeos de las numerosas visitas que recibió durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres.
Delitos contra la intimidad y blanqueo de capitales
Morales estaba imputado por presuntos delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, blanqueo de capitales, cohecho y tenencia ilícita de armas. En el registro de su domicilio se intervino documentación relativa a sus contratos con la Embajada de Ecuador, dinero en efectivo, soportes informáticos y dos armas de fuego con el número de serie borrado.
La defensa de Assange, coordinada por el exjuez Baltasar Garzón, entregó a la Audiencia Nacional un extenso informe (69 páginas) en el que detallaba el presunto espionaje al que habría sido sometido por Undercover Global mientras estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Se denunciaban diversas prácticas que van desde la colocación de micrófonos y cámaras, la copia de teléfonos móviles y documentos de identidad de las visitas que recibía, hasta perfiles de políticos, médicos y abogados con los que el fundador de Wikileaks mantuvo contacto.
Desarmaron nuestros teléfonos, quitaron y fotografiaron las tarjetas SIM y descargaron datos de nuestro equipo electrónico"
"A la llegada había un protocolo estricto para la protección de Julian. Nos pidieron que los pasaportes, teléfonos celulares, cámaras, computadores portátiles, dispositivos de grabación y otros equipos electrónicos fueran entregados a los guardias de seguridad en el vestíbulo", detalla ahora Richard Roth, abogado a cargo de la denuncia contra la CIA. "Fue en este momento cuando desarmaron nuestros teléfonos, quitaron y fotografiaron las tarjetas SIM y descargaron datos de nuestro equipo electrónico", explica Deborah Kerbeck, una de las demandantes.
Roth cuenta que todo ello lo han podido descubrir "gracias a la investigación que está llevándose a cabo en España a manos del juez Santiago Pedraz". De la Mata dejó ese juzgado en 2020 y fue sustituido por Pedraz. El juez español ya pidió en su momento a las autoridades estadounidenses poder interrogar como testigo a Mike Pompeo, director de la CIA entre 2017 y 2018. También remitió una orden europea de investigación a la justicia británica, que ha hecho caso omiso.
Undercover Global ya lo negó todo
Primero De la Mata y luego Pedraz investigaban si David Morales había "invadido la intimidad" de Assange mediante "la instalación de micrófonos ocultos y otros medios", como convertir el circuito cerrado de cámaras de seguridad en dispositivos de captación de imagen y audio, tal y como apuntaba la documentación de la empresa que la defensa del activista aportó a la Audiencia.
Ya en febrero de 2020, el empresario jerezano declaró ante el juez (entonces De la Mata) a petición propia. Según Morales, fue el propio Gobierno de Ecuador el que le solicitó implantar métodos de escucha al estar preocupado porque el fundador de Wikileaks se reunía con "delincuentes" como "terroristas o personas que podían perjudicar" al país.
En aquella ocasión, facilitó copias de correos electrónicos del embajador ecuatoriano y otros cargos gubernamentales, así como de miembros de los servicios de inteligencia del país sudamericano planteándole la necesidad de colocar micrófonos o cámaras de vídeo ajenas al circuito oficial de la legación diplomática. También aportó imágenes en las que -según fuentes de la defensa de Morales- se puede ver al propio Assange tratando de colocar micrófonos y cámaras diferentes a las ya existentes.
Quería aclarar y desmontar la teoría conspirativa de Assange, que está muy lejos de la realidad"
El dueño de Undercover Global negó ante el juez Pedraz que hubiera estado vendiendo información sobre Assange a los servicios de inteligencia de EE UU. Defendió que los viajes que realizaba a ese país eran para contactar con otros clientes de su empresa, pues había prestado servicios para los gobiernos mexicano y colombiano, entre otros, y también a clientes norteamericanos. Ya ante los periodistas, Morales dijo que quería "aclarar y desmontar la teoría conspirativa" que, en su opinión, fomentaba Assange, cuya versión, dijo, estaba "muy lejos de la realidad".
Adelson, Las Vegas y la CIA en la sombra
Para el empresario, la intención del fundador de Wikileaks con todo este procedimiento en la Audiencia Nacional era "poner zancadillas" a su proceso de extradición a Estados Unidos. También atribuyó su imputación a una venganza personal por parte de algún empleado que había sido despedido. En noviembre de ese 2020 declaró el 'número 2' de la empresa, Michelle Wallemacq, que repitió la versión de Morales: el servicio se hizo a solicitud del embajador ecuatoriano.
Uno de los viajes que el empresario jerezano hizo a EE UU fue en junio de 2016 a Las Vegas. Morales recibió una invitación de Zohar Lahav, jefe de seguridad de Las Vegas Sands, para asistir a la Convención NAB (National Association of Broadcasters). La sede de este evento es propiedad de Las Vegas Sands Corporation, compañía presidida por Sheldon Adelson, sí, aquel millonario al que en España conocimos por promover la construcción en Madrid de su Eurovegas.
Undercover Global acabó relacionado con Adelson (dando seguridad a su barco de recreo cuando navega por el Mediterráneo) y con su empresa de casinos. Según el periodista Joan Cantarero, en realidad se trataba de acercar a David Morales al Stratfor (Strategic Forecast Global Intelligence), la conocida como "CIA en la sombra", en su un plan de acción contra el fundador de Wikileaks.
Por qué Undercover Global es fundamental
En diciembre de 2019, el diario británico The Guardian especulaba con la idea de que el éxito o el fracaso de la solicitud de Washington para extraditar a Assange podía depender del uso ilegal que la CIA hubiera hecho de Undercover Global para espiarlo a él y a sus abogados. Aunque en Londres la justicia decidió este pasado abril entregar a Assange a EE UU, el activista apeló y por eso la hipótesis sigue siendo válida.
De hecho, en una providencia del 1 de junio de este 2022, el juez Pedraz sostiene que, efectivamente, las conversaciones entre el fundador de Wikileaks y su equipo legal pudieron haberse entregado a agentes de la inteligencia norteamericana. Lo contó el periodista José María Irujo el pasado mes de junio. Por ello, el magistrado pedía interrogar a Pompeo, el exjefe de la CIA.
El juez Pedraz sostiene que las conversaciones entre Assange y su equipo de abogados pudieron haberse entregado a agentes de la CIA
Con ese mismo documento, Pedraz argumentó a las autoridades británicas por qué necesita tomar declaración como testigos a los letrados británicos y a los médicos de Assange que fueron espiados. El juez de la Audiencia Nacional remitió en 2020 una orden europea de investigación y, a día de hoy, la justicia británica sigue sin contestar.
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