La tercera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat, con la asistencia solo de ERC porque los consejeros de Junts siguen repudiándola, concluye con dos líneas de acuerdo. La llamada "desjudicialización" del procés y el impulso al catalán. Ambos son eufemismos que esconden otras cosas. Lo de potenciar al catalán en las instituciones europeas está bien, aunque es una canción que ya hemos escuchado otras veces y no parece que vaya a dar resultados muy diferentes a los actuales mientras no medie una reforma constitucional que equipare todas las lenguas cooficiales al castellano. 

Por otro lado, bajo el bonito cartel de impulsar al catalán lo que no cabe es la vergonzosa negativa del Gobierno a apoyar el mínimo del 25% en castellano en la enseñanza obligatoria. Por desgracia esta razonable demanda ha entrado en el congelador hasta que el TC se pronuncie sobre la nueva ley de política lingüística del Parlament que establece que la única lengua vehicular es el catalán, dejando al castellano como lengua curricular, lo que muy bien no se sabe qué significa.

Bajo el bonito cartel de impulsar al catalán lo que no cabe es la vergonzosa negativa del Gobierno a apoyar el mínimo del 25% en castellano en la enseñanza obligatoria

En cuanto a la desjudicialización de las causas pendientes por el procés, lo que vamos a ver es un sofisticado mecanismo para que en la práctica haya otra tanda de indultos. No habrá medida de gracia como tal, pero sí una sofisticada labor de jardinería para podar las causas que amenazan con penas de prisión, inhabilitaciones o daños patrimoniales a dirigentes, altos cargos y empresarios acusados de los delitos de sedición, malversación, prevaricación, desobediencia y falsedad. 

Entre ellas, las que afectan a personas implicadas en los preparativos del 1 de octubre, entre otros, a dos pesos pesados de ERC, los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a la consejera de Cultura Natàlia Garriga, a la expresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, a los exdirectores de TV-3 y Catalunya Ràdio, al exdelegado de la Generalitat en la UE o al exsecretario del Diplocat. 

También hay causas contra alcaldes por facilitar esa votación ilegal, así como contra el Tsunami Democràtic por las protestas violentas contra la sentencia del juicio del procés. Sin olvidar las responsabilidades que pueda dictaminar el Tribunal de Cuentas, que reclama la devolución de 3,4 millones a diversos dirigentes (Artur Mas, Andreu Mas-Colell o Oriol Junqueras).

Para llevarlo a cabo, en los próximos meses se llevará a cabo la reforma del Código Penal, de la ley "mordaza", del Tribunal de Cuentas, así como un ajuste de la posición de la Fiscalía o el desistimiento de la Abogacía del Estado. Se conseguirá así la “desjudicialización” del procés, o sea, más indultos por otros medios. La contrapartida será el voto favorable de ERC a los presupuestos para 2023.