El PSPV-PSOE ha decidido que finalmente apoyará este jueves en Les Corts la toma en consideración de la ley que regulará la llamada tasa turística valenciana. De este modo, el partido mayoritario del pacto del Botànic permitirá el inicio de la tramitación parlamentaria del nuevo impuesto que, tal y como ya pactó junto a Compromís y Unides Podem, tendrá un importe máximo de 2 euros por persona y día, será voluntario, municipal y no se aplicará hasta 2024.

La síndica socialista en el Parlamento valenciano, Ana Barceló, ha despejado las dudas que desde hace una semana había sembrado esta formación al no desvelar el sentido de su voto en el pleno que se celebra este jueves. Este suspense había levantado cierto recelo entre sus socios de izquierdas y hacía prever, en caso de no apoyar la tasa, un nuevo enfrentamiento que, al menos de momento, no se producirá. Barceló ha dicho, no obstante, que el respaldo al debate de la norma se hará "sin renunciar a la capacidad de mejora durante su tramitación parlamentaria", por lo que el PSPV se abre a cambios en el texto negociados con el sector. 

En un comunicado, al exconsellera de Sanidad ha afirmado que su partido va "a darle normalidad al acuerdo firmado" y ha apostado por "seguir trabajando de la mano con el sector y los ayuntamientos". En este sentido, ha explicado que tras la votación "se abre un nuevo espacio de diálogo en el que trabajaremos para alcanzar el máximo acuerdo tanto con el sector como con los ayuntamientos, puesto que estos son los que tienen la última palabra". La síndica ha subrayado que se trata de una tasa municipal y voluntaria y que serán los consistorios los que decidirán, a partir de 2024, "si desean aplicarla en su municipio o no en función de sus respectivas circunstancias y la autonomía municipal".

Sin embargo, esta postura ha encontrado resistencias significativas en el seno del PSPV. Sin ir más lejos, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho este miércoles  que ve "inoportuno" el debate en torno a la tasa turística en un momento de "recuperación difícil" para este sector tras el impacto de la pandemia, pero defiende que se produzca de manera "racional" y buscando "soluciones" y no "situaciones maniqueas". En esta línea, considera que este debate, en medio de la campaña turística, "puede generar un cierto ruido" y aboga por buscar "la aproximación de posiciones", pero cree que "no se debe aplicar".

Más contundente aún ha sido el secretario autonómico de Turisme, el también socialista Francesc Colomer, que lleva tiempo mostrando su oposición al tributo. "Considero que es un error estratégico y siento una gran decepción", ha manifestado tras conocer la posición de su grupo. No obstante, pide que la tramitación parlamentaria "sirva para facilitar la participación y el diálogo con los sectores afectados y sobre todo sea capaz de tejer consensos con el sector turístico", algo que le parece "imprescindible" para "tomar una decisión final".

Desde el propio sector, las patronales del ocio, turismo, hostelería e industrias afines de la Comunitat han reiterado su rechazo a la tasa turística porque consideran que "no es el momento adecuado" debido a "la actual incertidumbre económica" tras las restricciones que hundieron el turismo en 2020. Así, afirman que cualquier incremento o subida de precios, en la coyuntura económica actual, "supone un rechazo por parte del turista u usuario".

Merino (Cs): "Una vez más, elige infamia"

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha asegurado que el PSPV "podría haber optado por la sensatez y rechazar la tasa turística, pero, una vez más, elige infamia", y ha criticado la "última bofetada" del Botànic al turismo valenciano. La secretaria general del PPCV, María José Catalá, se reúne este jueves con los alcaldes de Benidorm, Peñíscola y Xeraco por este motivo.

Por su parte, la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez (PSPV), ha apuntado que en la ciudad no se aplicará hasta que no se recuperen las cifras turísticas previas a la Covid y ha señalado a los cruceros y a los apartamentos turísticos como alojamientos en los que se podría cobrar el tributo, ya que no generan empleo.