La dimisión de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra como miembro del Ejecutivo valenciano y del Parlamento autonómico ha conllevado la pérdida de su condición de aforada, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tenido que devolver el caso al juzgado de instrucción donde comenzó la investigación y más concretamente al juez que pidió imputarla por el supuesto ocultamiento desde la Conselleria de los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada.

Así ha formalizado la Sala de lo Civil y Penal que, a través de un auto fechado este lunes, ha declarado su falta de competencia para continuar con la instrucción una vez acreditada documentalmente la renuncia de Oltra al cargo de diputada autonómica y, por tanto, a su condición de aforada ante el alto tribunal autonómico.

De este modo, los tres magistrados envían de vuelta el caso, que también incluye a otros 13 investigados (entre personal funcionario, técnico y de los centros) al Juzgado de Instrucción número 15 de València cuyo titular, Vicente Ríos, condujo toda la investigación hasta solicitar la imputación de la propia Oltra, momento en el que se inhibió del procedimiento en favor del TSJ valenciano.

Ríos deberá fijar ahora una fecha para la declaración de Oltra en calidad de investigada, así como ordenar las diligencias que queden pendientes en el marco de la fase de instrucción.

En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.

El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.

El TSJCV, tras estudiar el caso que le fue remitido por el juzgado ordinario, se declaró competente para instruirlo al apreciar "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre Oltra y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada". Tras ello, la exconsellera dimitió de todos sus cargos y, al perder la condición de aforada, el asunto regresa al juzgado ordinario.

El Botànic sin Oltra

En el plano político, la salida de Oltra del Gobierno valenciano ha provocado una fuerte sacudida en el pacto del Botànic que conforman el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, principalmente entre los dos socios mayoritarios.

Pese al apoyo público inicial de la coalición liderada por la propia Oltra, y escenificado en el acto que acabó con un baile de sus principales dirigentes junto a Oltra pocos días antes de su renuncia, algunas voces como la del alcalde de València, Joan Ribó, habían deslizado que Compromís tendría que tomar una decisión política colectiva en paralelo a la personal de la propia exvicepresidenta. Esta postura, unida a la presión del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, acabó por doblegar la voluntad de resistencia que había mostrado Mónica Oltra. De hecho, al anunciar su dimisión justificó que lo hacía para no dañar al Botànic y para preservar las políticas de izquierdas que, según dio a entender, garantiza Compromís con sus presencia en el Consell.

A poco menos de un año de la fecha teórica de las elecciones autonómicas, una de las principales incógnitas pasa por saber qué hará Compromís no solo en la gestión política diaria de sus áreas, sino principalmente en el enfoque de la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2023, que se aventura complicada por la situación económica. El año pasado, la presión de Oltra obligó al PSPV a aceptar una comisión política para pactar el reparto de los fondos. Una fórmula que los socialistas no son partidarios de repetir tras la llegada de Arcadi España, persona de la máxima confianza de Puig, a la cartera de Hacienda.