Después de meses asegurando que la situación energética en España no era tan crítica como en países del centro y este de Europa por su menor dependencia del gas ruso, el Gobierno se ha sumado este jueves oficialmente a la advertencia del riesgo que existe de que el próximo invierno no haya gas suficiente para abastecer a todos y de tener que elegir entre empresas y hogares para asegurar el suministro. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha incidido en el Congreso en la necesidad de "fortalecer planes nacionales de contingencia y las política de ahorro y de plantear medidas para el hipotético caso de que fuera necesario priorizar entre consumidores la disposición de recursos energéticos".

Ribera ha calificado la situación energética de "preocupante" tras el recorte continuado del gas que envía Gazprom a la UE, después de que Alemania haya elevado su nivel de alerta y de que las tres principales compañías energéticas de Francia hayan pedido a los franceses que "minimicen sus consumos desde ya". 

"Aunque mejor parada, [España] no puede descuidar su respuesta y trabaja para que esta hipótesis no llegue a materializarse nunca", ha advertido Ribera en una comparecencia ante el Congreso después de participar esta semana en Bruselas en reuniones de ministros de energía y de medio ambiente, donde la comisaria de Energía, Kadri Simson, lanzó hace unos días una advertencia similar. "Es probable que las cosas sean más difíciles en los próximos meses", dijo la comisaria, que dirige un departamento que tiene previstos distintos escenarios, incluido el peor de todos, un corte total de gas ruso que haga que Europa no tenga suficiente energía. En julio, la Comisión Europea presentará un plan de medidas de ahorro de energía a los Estados miembros, que de momento España solo aplica a las oficinas públicas. 

Para prepararse, los países de la UE tendrán que llegar al 31 de octubre con un 90% de la capacidad de sus almacenes de gas natural "para pasar el invierno con tranquilidad". Ribera ha asegurado en el Congreso que, "en estos momentos, los almacenes subterráneos en España están al 72% y  los de gas natural licuado, en torno al 80%", cifras "enormemente positivas en comparación con Francia (57%), Italia (55%) y Alemania (42%).

Sin embargo, Ribera no ha tranquilizado con estos números a los grupos, que insistentemente le han preguntado si "habrá gas para pasar el invierno y a que precio", según Joan Capdevila (ERC), o si el Gobierno tendrá que adoptar "medidas de racionamiento" de gas, en palabras de Albert Botrán, de la CUP. Ribera no ha contestado directamente y, a su vez, ha dejado otra pregunta en el aire, sobre cómo elegir a quién suministrar energía en caso de que no sea suficiente para todos.

"Además de medidas convencionales para sustituir unos proveedores por otros, en materia de ahorro y eficiencia o reducción de la demanda, hay que pensar también en qué ocurriría si tuviéramos que priorizar el acceso a los recurso en favor de unos u otros usos", ha planteado la vicepresidenta. "Estamos convencidos de que la posición de España es más segura [que la de otros países] y que tenemos que afrontar una cuestión de precios, pero es capital también estar preparados para circunstancias que pueden irse complicando en los próximos meses", ha añadido. El Gobierno espera la propuesta que hará la Comisión el mes que viene mientras prepara las suyas.

La situación de las reservas españolas de gas no ha evitado críticas como las del PP y Ciudadanos por la falta de previsión en almacenamiento que ya advirtieron de que sería necesaria tras el temporal Filomena, en enero de 2021. 

"Cuando Filomena, le dijimos que amentara las reservas de gas y no hizo nada. Dice que hemos llegado al 80%. ¿A qué precio hemos comprado y a qué precio habríamos comprado si en su momento hubiéramos tenido contratos de 20 años", le ha espetado el diputado del PP, Guillermo Mariscal.

Sentido de Estado y críticas

Ribera ha calificado de "preocupante" la situación energética en España y el resto de Europa y ha coincidido con grupos como ERC en diagnosticar que no tendrá fin en el corto plazo. Por eso, ha pedido en el Congreso "sentido de Estado para proteger a los consumidores, clases medias y sectores productivos para repartir los esfuerzo de forma equitativa para desplegar la transición ecológica". "Si antes era urgente por razones climáticas, hoy lo es por razones económicas y de justicia social".

El debate parlamentario, sin embargo, ha discurrido por derroteros muy distintos al cierre de filas que ha reclamado la vicepresidenta. Los grupos han criticado la falta de "previsión" en materia energética del Gobierno o la "ideología" y el "ecofundamentalismo" que guía la gestión de Ribera, por insistir en el cierre de las centrales nucleares o por negarse a reactivar el carbón como están haciendo otros países europeos.

La vicepresidenta comparecía en principio para hablar del límite al precio del gas a petición del PP y de Ciudadanos, pero también han salido a colación críticas por los elevados precios de la energía que el Gobierno no logra rebajar, con repetidas advertencias de que en las próximas semanas el litro de combustible llegará a los tres euros. O el impuesto a las empresas energéticas que prepara el Gobierno sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas ha vuelto a ser elemento de discordia entre Ribera y Unidas Podemos, el otro socio del Gobierno. "Hay que hacerlo ya", le ha exhortado el portavoz morado, Pablo Echenique.

También los bandazos del Gobierno en relación a la bajada del IVA de la electricidad, que el sábado se redujo del 10 al 5%. "Entre los que han sido engañados por Sánchez está usted, que la semana pasada decía que la bajada de impuestos era una medida cosmética", le ha dicho Mari Carmen Martínez, de Cs. "Nos dice que tenemos que tener sentido de Estado, ¿apoyamos un decreto con medidas que usted ha dicho que no sirven de nada?", ha preguntado.

Discreto efecto del límite al gas

Ribera ha asegurado que, a pesar de un comienzo en el que se dieron todas las circunstancias en contra -ola de calor, sin energía eólica y poca fotovoltaica y precio del gas que continua su escalada-, el límite al precio del gas "ha demostrado ser eficaz para al menos al menos reducir precios", que han sido menores a los que han pagado otros países europeos. En este sentido, lo ha considerado "un ensayo práctico que pueda aplicarse al resto de Europa", que tiene ante sí una reforma del mercado eléctrico.

"Hemos pasado de precios similares a precios significativamente más bajos día a día, la media en el mercado mayorista sin ajuste en la segunda quincena [de junio] ha sido 45 a 55% más bajo que en Alemania, Francia o Italia", ha dicho Ribera, sin sumar compensaciones medias del orden de 100 euros más.

Para la oposición, la excepción ibérica ha quedado muy por debajo de las expectativas de ahorro en la factura de la luz o está produciendo lo que la diputada de JxCat Pilar Calvo ha llamado "efecto pagafantas", por la electricidad que España exporta a Francia a precio subvencionado en España.

"Llevamos exportando energía a Francia todos los días, estamos subvencionando la economía francesa. Si siguen, vamos a terminar subvencionando a los franceses en 1.500 millones. Usted facilita que España envíe cada día entre tres y cuatro millones de euros a los franceses", ha denunciado Mariscal, sobre unas exportaciones que generan rentas de congestión que, según el mecanismo de la excepción ibérica, contribuye también a la compensación de las eléctricas por la diferencia entre el precio del gas y el límite establecido. Ribera ha apuntado además que desde enero de este año España ha exportado más electricidad a Francia de la que le ha importado, salvo en febrero, desvinculándolo del tope al precio del gas, que entró en vigor a mitad de junio.

En un sentido y en el contrario, los grupos también han censurado el mecanismo del límite al gas por lo que respecta a quiénes afecta. De momento, solo a los que tienen tarifa regulada, que pagan también la compensación a las eléctricas. Según el diseño del mecanismo, al sistema se irán incorporando los clientes del mercado libre a medida que renueven sus contratos anuales y Ribera ha asegurado que el efecto del tope del gas ya se nota también en los contratos a plazo. 

Sin embargo, Mariscal, por el PP, le ha reprochado que "solo van a pagar el sobrecoste solo un tercio de lo consumidores", mientras que "los que están a largo plazo se van a encontrar la sorpresa de que los que firmaron a un año encontrarán cuando vayan a renovar que usted les ha subido al factura". Por su parte, Echenique ha reclamado a la vicepresidenta que elimine la obligación de permanencia y las sanciones por romperla en los contratos de luz en el mercado liberalizado, para que los consumidores puedan pasar al mercado regulado, que de momento es el único que nota el tope al precio del gas.