El Parlament ha aprobado este miércoles en el pleno la proposición de ley de garantía de los servicios de cajero automático en los municipios y barrios en riesgo de exclusión financiera y de garantía en el acceso a servicios bancarios. El texto, que está firmado por ERC, Junts, CUP y Comuns, establece que los municipios donde no hay ni un solo cajero, tiene que haber como mínimo uno. Ahora, la propuesta se enviará a la Mesa del Congreso de los Diputados, que tendrá que decidir si se admite a trámite. En caso afirmativo, se realizará un debate, y el Parlament tendrá que designar hasta tres diputados para defender la propuesta.
La proposición de ley ha recibido el apoyo todos los grupos menos Vox, según su diputado, Andrés Bello, porque el Estado es el competente en materia bancaria. Bello también ha recordado que los grupos proponentes tienen representación en el Congreso, por lo que cree que sería más adecuado que la proposición se debatiera allí. Ante esta afirmación, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha replicado a Bello que esta iniciativa no representa una invasión de competencias, y que "por una vez que hacen algo legal, no nos pongamos tiquismiquis. Entra en el ámbito competencial".
Cierres constantes
La propuesta legislativa aprobada hoy busca combatir la exclusión "derivada del cierre constante y persistente de oficinas bancarias" y garantizar que todos los ciudadanos tengan un cajero automático disponible en su municipio. Además, se incluyen los barrios en riesgo de exclusión bancaria, entendidos como la "subdivisión de una ciudad, villa o pueblo con identidad propia y con reconocimiento administrativo municipal y un mínimo de 5.000 habitantes sin servicios bancarios". Este supuesto se ha recogido gracias a una enmienda del PSC, y ha sido apoyada por socialistas, CUP, comuns, Cs y el PP. Sin embargo, Vox ha votado en contra y tanto ERC como Junts se han abstenido porque pedían incluir esta definición junto con la de municipios.
La proposición de ley demanda que en los municipios pequeños también se pueda retirar e ingresar dinero en efectivo, pago de recibos e impuestos, consultas de saldos y movimientos, obtener extractos y realizar transferencias. El texto legislativo solicita que el cierre físico de oficinas bancarias no implique el cierre de sus cajeros externos. También demanda que se incremente el personal de apoyo para personas "con menores capacidades digitales para realizar las operativas necesarias", así como reservar cajeros para el uso exclusivo de personas vulnerables. Sin embargo, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha mostrado su "decepción y tristeza" admitiendo que esta temática es competencia del Estado, pero ha celebrado que los grupos parlamentarios hayan apoyado esta proposición para beneficiar a las personas en riesgo de exclusión financiera.
Intervención pública
Durante el debate de la proposición de ley ha habido diferentes aportaciones de los grupos políticos. Desde uno de los partidos de gobierno, ERC, Josep Lluís Salvadó ha sostenido que "la garantía del acceso a los servicios financieros no se puede dejar en manos de las propias entidades financieras, que son las que están provocando el problema; hay que intervenir desde las administraciones públicas, legislando". Sus socios en el Govern, por medio del diputado de Junts, Jordi Munell, ha advertido de que la falta de acceso a cajeros y servicios bancarios genera desigualdad de oportunidades para habitantes y empresas de municipios que no disponen de ellos.
Por su parte, el diputado del PSC-Units Jordi Riba ha pedido garantizar una atención personalizada, tecnologías de acceso sencillas y seguridad en los servicios bancarios, y además, ha expuesto que la exclusión financiera en municipios pequeños es "equiparable" a barrios de grandes ciudades. El diputado dels Comuns, Joan Carles Gallego, ha manifestado que garantizar los servicios bancarios a toda la ciudadanía "no puede ser a costa del presupuesto público, porque es obligación de las entidades". Además, ha criticado que desde el año 2008 se han perdido "115.000 puestos de trabajo y más de 23.000 oficinas bancarias".
En esa línea se ha expresado Eulàlia Reguant, de la CUP, que subrayó que mientras la banca privada en 2021 tuvo 19.000 millones de euros en beneficios, cierran oficinas con un "sesgo de clase, ya que se cierra en barrios más empobrecidos y municipios con menos habitantes". Reguant ha apuntado que "el abordaje global del problema pasa por la creación de una banca pública de proximidad y con productos comprensibles".
Finalmente, Joan García, de Ciutadans, a pesar de votar a favor, ha manifestado que esta proposición de ley no servirá de nada porque se está tramitando una iniciativa similar en el Congreso, y que lo único que busca es "que algunos puedan decir a sus alcaldes y gobiernos locales que están trabajando en un problema de la ciudadanía, cuando no se está trabajando ni haciendo nada".
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