El juzgado de instrucción número 5 de Móstoles decidió este martes citar como investigado al portavoz de Más Madrid - Ganar Móstoles, Gabriel Ortega Sanz, por "la posible existencia de delitos de administración desleal, en concurso con delito de falsedad contable, delito fiscal y apropiación indebida", según consta en el auto del juez, tras la querella presentada por el Instituto Municipal del Suelo (IMS), dependiente del Gobierno liderado por la alcaldesa socialista, Noelia Posse. "Esto es una venganza por el caso ITV", ha señalado Ortega en declaraciones a 20minutos.

El líder de Más Madrid en Móstoles tendrá que declarar el próximo 30 de noviembre de 2022 a las 10.45 horas, aunque dispone de un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma y subsidiario de apelación, o bien un recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

"No voy a presentar ningún recurso, no vamos a intentar paralizar el procedimiento. No tengo ningún problema en que el juez investigue porque yo deseo personalmente declarar en sede judicial y dejar negro sobre blanco este asunto. Posteriormente, se archivará y cuando esto se produzca, el Gobierno de Posse, que ha actuado con mala fe y poniendo una denuncia falsa, tendrá que responder por ello", ha explicado.

El auto del juez ha sorprendido Ortega, que consiguió la imputación de todo el equipo de Gobierno de Móstoles por condonar una deuda de 2,5 millones de euros a una empresa de ITV, aunque el caso ha sido archivado provisionalmente. "Es una venganza por el caso ITV. Estoy absolutamente tranquilo y tengo toda la documentación para demostrar la falsedad de la acusación. Esta querella es un boomerang que les volverá", ha indicado.

Una juez imputa al líder de Más Madrid en Móstoles por apropiación y delito fiscal en la gestión de la empresa municipal de suelo

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha respaldado este miércoles a Ortega aprovechando su visita a este municipio del sur. "Yo creo que es un caso que se va a desinflar por sí mismo y que se va a comprobar y a corroborar la honradez y el rigor de Más Madrid Ganar Móstoles, del concejal Gabriel Ortega, que básicamente se ciñó a cumplir escrupulosamente a cumplir una sentencia judicial", ha señalado.

La dirigente madrileña, que ha estado acompañada del diputado autonómico Emilio Delgado, natural del municipio, aunque no por el propio acusado, que ha alegado motivos de agenda, ha insistido en que Ortega se limitó cumplir una sentencia y que está "avalado por los letrados del Ayuntamiento de Móstoles".

Desde el Gobierno municipal, han sostenido que no tienen "mucho más que añadir" a la querella que se presentó en el juzgado de instrucción número 5 de Móstoles, y que es ahora la Justicia la que tiene que resolver este asunto. Horas más tarde, Posse ha anunciado que el IMS, cuyo accionista único es el Ayuntamiento, "sale del concurso de acreedores".

"Hoy lo que les quiero anunciar es que, por fin, hemos sacado a la empresa del concurso de acreedores. Los puestos de trabajo están garantizados y la empresa se va a encargar de realizar vivienda, qué es lo que vamos a hacer este año. Y eso es lo que tengo que valorar al respecto", ha explicado.

El inicio del conflicto

El origen de la querella hay que buscarlo en los años en los que Ortega formó parte del Gobierno mostoleño. Durante la etapa de David Lucas (PSOE) como alcalde, el portavoz de Más Madrid pasó a ocupar, en julio de 2016, las responsabilidades de segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Cultura, Bienestar Social y Vivienda. Tras la dimisión de Lucas y la investidura de Posse como alcaldesa (en febrero de 2018), Ortega mantuvo sus cargos hasta el final de la legislatura. Este mismo año, Posse ordenó a Ortega, como Consejero Delegado del Instituto Municipal del Suelo, auditar la empresa pública. Pero el concejal se negó. Una decisión que, según una auditoría llevada a cabo por la empresa pública, fue "negligente". 

Además, en 2015 el Ayuntamiento de Móstoles tuvo que empezar a ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obligaba devolver casi 40 millones de euros por unas expropiaciones anuladas judicialmente, según la versión de Ortega. Un informe jurídico del Ayuntamiento exime al IMS de Móstoles del pago de esta cantidad, y descarga la responsabilidad en el Ayuntamiento.

Sin embargo, el actual equipo de Gobierno municipal considera que no tuvo que ser así y acusa a Ortega, que fue responsable de este organismo entre 2017 y 2019, de no reflejar la cantidad en las cuentas y "no dar una imagen fiel de la empresa".